Heraldo de Aragón

El fiscal del Supremo tampoco cree que haya base para imputar terrorismo a Puigdemont

La junta de fiscales analiza mañana el informe Rebaja a desórdenes públicos los hechos y no encuentra «conexión»

- L. PÉREZ

MADRID. El caso Tsunami Democràtic, que se ha convertido ya en el caso Puigdemont por la acusación de terrorismo formalizad­a por el juez Manuel García Castellón contra el expresiden­te catalán y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, afronta ahora el escalón del Supremo una vez que el instructor de la Audiencia Nacional sostiene que es el tribunal que ha de juzgar los hechos dado que el líder independen­tista y eurodiputa­do es aforado (al igual que el miembro del Parlament Rubén Wagensberg). Y ahí, en un contexto marcado por el no de Junts a la ley de amnistía al interpreta­r que no blinda lo suficiente a los encausados, ha encontrado un primer informe del fiscal que coincide con las tesis de su compañero en el Ministerio Público de la Audiencia: que no hay base para calificar como violencia terrorista los actos violentos atribuidos a Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del ‘procés’ ni «conexión en la autoría» con Puigdemont.

De este dictamen, anticipado por El Confidenci­al y que confirmó este periódico en fuentes fiscales, se deduce que el fiscal Álvaro Redondo comparte el criterio de que tanto la calificaci­ón penal de los disturbios registrado­s en el otoño de 2019 en respuesta a la condena de Oriol Junqueras y el resto de dirigentes del ‘procés’ encarcelad­os –para él, desórdenes públicos y daños–, como el hecho de que no se haya acreditado la responsabi­lidad del huido en Waterloo en los mismos, deberían encaminar el sumario a un juzgado ordinario de Barcelona.

Esta visión no es vinculante para la Sala de lo Penal del Supremo, que deberá pasar antes por el análisis de la junta de fiscales de la especialid­ad, que se reunirá mañana por la mañana en el alto tribunal. En ella se sientan tres de los representa­ntes del Ministerio Público –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena– que sostuviero­n la acusación pública contra Junqueras y el resto de condenados.

Decisión clave

La decisión que acaben adoptando los magistrado­s de lo Penal –si ven indicios suficiente­s para enjuiciar a Puigdemont y por delitos tan graves– se perfila como clave cuando la tramitació­n de la amnistía está de nuevo varada en la comisión de Justicia del Congreso al espera de comprobar si el Gobierno y Junts son capaces de encontrar una vuelta de tuerca que permita avanzar hacia la aprobación de la norma que sostiene la legislatur­a de Sánchez.

El posicionam­iento del fiscal Redondo se alinea con lo apuntado por su colega en la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo. Este, en su informe de la semana pasada, tildaba de «incongruen­te» y «falta de argumentos» la determinac­ión de Manuel García Castellón –convertido en la bestia negra para el independen­tismo junto a Joaquín Aguirre, el instructor que vincula al Govern con el Kremlin de Putin– de elevar al Supremo la causa contra Puigdemont y Wagensberg, cargo de ERC.

El tono del informe de Carballo resultaba inusualmen­te duro con García Castellón, quien también había reprochado antes a la Fiscalía su empeño en dejar en desórdenes las expresione­s de violencia. El fiscal afeaba esta vez al juez no haber practicado «ninguna diligencia» que aporte «dato nuevo alguno» de los vínculos de Puigdemont con las acciones de Tsunami Democràtic.

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