La etapa de 0 a 3 años, las ratios y la zona única copan las alegaciones al decreto de escolarización

El plazo para presentar propuestas acaba hoy Los baremos serán determinados en una orden que se publicará después

ZARAGOZA. La implantación de la zona única de escolarización, la inclusión de la etapa de 0 a 3 años y el número de alumnos por aula son algunas de las alegaciones más repetidas por familias, equipos directivos y sindicatos docentes al borrador del decreto de escolarización, que se encuentra en información pública hasta hoy. No será hasta que se apruebe este documento cuando se publique la orden que determinará los baremos que regirán el proceso de matrícula para el curso 2024-2025, algo que despierta incertidumbre en la comunidad educativa.

Desde que se publicó este borrador, la escuela pública criticó la intención de que cada municipio se considerará como «un espacio único de escolarización». Según el documento, el cambio se hace en «aras de lograr un proceso de escolarización más satisfactorio» y viene motivado por «los principios de eficiencia y proporcionalidad», pero no todos lo ven así.

Zaragoza o Huesca podría suponer una dificultad que agrave la segregación escolar que se produce en determinadas zonas en detrimento de los centros públicos», apuntan en sus alegaciones desde la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón (Adiaragón). Sus homólogos en los colegios, la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa), llegan a hablar de la posibilidad de que se formen «zonas gueto» y consideran que con la zona única se «favorecerá la movilidad del alumnado, lo que supone un coste económico que solo podrán asumir las familias con mayor poder adquisitivo».

Así lo defienden también desde los sindicatos y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), que señalan que de este modo «no se amplía la libertad de elección de las familias» y «dificultará» la planificación del proceso.

«Riesgo de concertación» Tampoco les gusta la inclusión de la etapa de 0 a 3 años. «Si no se contemplan criterios de conciliación, se dificultará el acceso a estas plazas», inciden desde Fapar, al tiempo que consideran que podría dar lugar a la «concertación de centros privados en vez de ampliar la oferta pública». Esta opinión la secundan STEA y UGT.

El sindicato FISE, mayoritario en la concertada, también pone el foco en la incorporación del primer ciclo de infantil, pero por distintas razones. En las alegaciones, detalla que de llevarse a cabo «alteraría las reglas de competencia» entre la pública y la concertada, puesto que los públicos «captarían alumnos un año antes que los concertados». Asimismo, explica que supone una «discriminación por zona geográfica», ya que no todos los centros «pueden concurrir en esta escolarización».

La propuesta tampoco convence a las escuelas infantiles del Gobierno de Aragón, que ven incrementarse el número máximo de alumnos por aula permitido, con uno más en los dos primeros cursos. Además, explica Yolanda Mediel, responsable de CSIF en la Administración General de la Comunidad, piden que «se mantenga la reserva de una plaza para alumnos con necesidades especiales».

Las ratios son casi el único punto de encuentro entre la pública y la concertada. Todos inciden en que contar con ratios más reducidas mejora la calidad de la enseñanza y permite «combatir el abandono y el absentismo».

Por ejemplo, CC. OO. pide que en aulas de 0-1 años haya un máximo de 6 niños frente a los 8 ahora; que en las de 1-2 sean 10, y que en las de 2-3 haya 14 con dos de reserva para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (Acnea). En el resto de infantil y primaria consideran que se debería dejar en 16 y dos de reserva, mientras que piden que en la ESO sean 24 y en bachillerato, 26.

Adiaragón fijan en 25 los estudiantes por aula en la ESO y en 27 en bachillerato, y FSIE reclama un máximo 18 alumnos en todo infantil. Además, pone el foco en la Educación Especial y en que se tenga en cuenta «la tipología de la discapacidad» para establecer la ratio. UGT o CSIF urgen a esa apuesta por reducirlas.