Cerca de 40 colectivos, empresas y propietarios alegan a la regulación de las placas en la huerta
Los contrarios a los parques solares piden más protección para el campo y las promotoras recuerdan que hay informes favorables del Ayuntamiento Los técnicos tendrán que analizar ahora 1.100 folios
ZARAGOZA. Un total de 37 particulares, empresas y asociaciones han presentado alegaciones contra la regulación de las placas solares en la huerta zaragozana; 1.100 folios que ahora los técnicos municipales tendrán que analizar para determinar si pueden incluirse o no en el documento definitivo. Al periodo de exposición pública de la modificación 214 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) han concurrido tanto los vecinos de El Lugarico de Cerdán, contrarios a los paneles, como los propietarios y las promotoras de los hasta cinco parques que se pretendían levantar en el entorno (Clarita, El Perdigal, el Tumbo, Campos de la Ordana y El Lugarico).
Los técnicos tendrán que estudiar toda la documentación e informar positiva o negativamente de cada una de estas aportaciones, que también podrán ser desestimadas en caso de que no se ajusten al objeto de la modificación. Una vez superada esta fase se tendrá que decidir cuáles se incorporan. Si las modificaciones son lo suficientemente sustanciales, el texto podría volver a la casilla de salida, teniendo que someterse por segunda vez a aprobación inicial y a información pública –como ya sucedió con otros proyectos como el de la nueva Romareda– antes de ser ratificado definitivamente.
Por el momento se desconoce cuándo se darán los siguientes pasos, ya que la normativa no establece plazos para la resolución de las alegaciones. Mientras tanto, los proyectos seguirán paralizados.
Las aportaciones de la Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera insisten en la necesidad de aumentar la protección del regadío tradicional y la huerta honda. Especialmente teniendo en cuenta que hay parques que quedarían a escasos metros del propio Lugarico y de Torre del Rocío, donde vive una familia. «Según hemos visto en la modificación del Plan General, hay aspectos que pueden mejorarse», apuntan sus integrantes. El colectivo confía en que la normativa garantice el presente y futuro de estos recursos. Promete, además, que va a seguir haciendo una defensa «activa» del regadío, tal y como se ha podido ver en los últimos plenos, a los que han asistido como público, o en la protesta frente a la Casa Consistorial contra el presupuesto de este 2024. «Vamos a seguir luchando en la misma dirección que hasta la fecha», afirman los vecinos.
En este bloque está también la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), que exige en sus alegaciones retirar la modificación 214, abrir un espacio de diálogo y participación que permita recoger en el texto la protección del medio natural y en especial de la estepa de Zaragoza y salvaguardar la huerta como fuente de alimentos de cercanía.
Especies protegidas
El colectivo señala que tanto las comunidades vegetales naturales como los cultivos de secano albergan especies de aves singulares y «especialmente protegidas» que dependen estrictamente de este tipo de ambientes, como ocurre con el milano real o la avutarda, en peligro de extinción. En este sentido, recuerda que la catalogación de una especie como amenazada implica no solo la conservación de los individuos, sino del propio hábitat.
En el lado contrario están las promotoras de las plantas y los propietarios de los terrenos. En el caso de El Perdigal, recuerdan que cuenta con informe ambiental favorable y autorización administrativa. También adjuntan un informe de compatibilidad urbanística emitido por el propio Ayuntamiento de Zaragoza. «¿Cómo me dicen eso en un momento dado y ahora sostienen lo contrario? Eso crea inseguridad jurídica», apuntan estos últimos.
En el escrito remarcan que la concesión de licencias es «un acto reglado» y que, si se cumplen los requisitos, «deberían otorgarse» en tiempo y forma. Aluden, asimismo, a que la modificación del plan general «debería haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental».
Las alegaciones advierten de que todo esto podría dar lugar a indemnizaciones, no solo por los tributos y los avales depositados, sino por el «perjuicio patrimonial» ocasionado a los propietarios al ver frustradas sus expectativas de negocio. «Sabemos que también ha habido alegaciones de gente de otras zonas. Esto no afecta solo a Movera, sino que atañe a todo el término municipal», dicen.
Quien no ha presentado alegaciones ha sido la junta vecinal de Movera, que durante el periodo de información pública –desarrollado entre mediados de diciembre y el mes de enero– se encontraba en funciones como consecuencia de las elecciones en los barrios rurales, según explica la alcaldesa pedánea, Esperanza Calvano, que sí se dirigió el Ayuntamiento en marzo de 2023 para solicitar una revisión del PGOU con la que proteger el término municipal y garantizar que «no todo vale».