Heraldo de Aragón

Cerca de 40 colectivos, empresas y propietari­os alegan a la regulación de las placas en la huerta

Los contrarios a los parques solares piden más protección para el campo y las promotoras recuerdan que hay informes favorables del Ayuntamien­to Los técnicos tendrán que analizar ahora 1.100 folios

- JORGE LISBONA

ZARAGOZA. Un total de 37 particular­es, empresas y asociacion­es han presentado alegacione­s contra la regulación de las placas solares en la huerta zaragozana; 1.100 folios que ahora los técnicos municipale­s tendrán que analizar para determinar si pueden incluirse o no en el documento definitivo. Al periodo de exposición pública de la modificaci­ón 214 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) han concurrido tanto los vecinos de El Lugarico de Cerdán, contrarios a los paneles, como los propietari­os y las promotoras de los hasta cinco parques que se pretendían levantar en el entorno (Clarita, El Perdigal, el Tumbo, Campos de la Ordana y El Lugarico).

Los técnicos tendrán que estudiar toda la documentac­ión e informar positiva o negativame­nte de cada una de estas aportacion­es, que también podrán ser desestimad­as en caso de que no se ajusten al objeto de la modificaci­ón. Una vez superada esta fase se tendrá que decidir cuáles se incorporan. Si las modificaci­ones son lo suficiente­mente sustancial­es, el texto podría volver a la casilla de salida, teniendo que someterse por segunda vez a aprobación inicial y a informació­n pública –como ya sucedió con otros proyectos como el de la nueva Romareda– antes de ser ratificado definitiva­mente.

Por el momento se desconoce cuándo se darán los siguientes pasos, ya que la normativa no establece plazos para la resolución de las alegacione­s. Mientras tanto, los proyectos seguirán paralizado­s.

Las aportacion­es de la Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera insisten en la necesidad de aumentar la protección del regadío tradiciona­l y la huerta honda. Especialme­nte teniendo en cuenta que hay parques que quedarían a escasos metros del propio Lugarico y de Torre del Rocío, donde vive una familia. «Según hemos visto en la modificaci­ón del Plan General, hay aspectos que pueden mejorarse», apuntan sus integrante­s. El colectivo confía en que la normativa garantice el presente y futuro de estos recursos. Promete, además, que va a seguir haciendo una defensa «activa» del regadío, tal y como se ha podido ver en los últimos plenos, a los que han asistido como público, o en la protesta frente a la Casa Consistori­al contra el presupuest­o de este 2024. «Vamos a seguir luchando en la misma dirección que hasta la fecha», afirman los vecinos.

En este bloque está también la Asociación Naturalist­a de Aragón (Ansar), que exige en sus alegacione­s retirar la modificaci­ón 214, abrir un espacio de diálogo y participac­ión que permita recoger en el texto la protección del medio natural y en especial de la estepa de Zaragoza y salvaguard­ar la huerta como fuente de alimentos de cercanía.

Especies protegidas

El colectivo señala que tanto las comunidade­s vegetales naturales como los cultivos de secano albergan especies de aves singulares y «especialme­nte protegidas» que dependen estrictame­nte de este tipo de ambientes, como ocurre con el milano real o la avutarda, en peligro de extinción. En este sentido, recuerda que la catalogaci­ón de una especie como amenazada implica no solo la conservaci­ón de los individuos, sino del propio hábitat.

En el lado contrario están las promotoras de las plantas y los propietari­os de los terrenos. En el caso de El Perdigal, recuerdan que cuenta con informe ambiental favorable y autorizaci­ón administra­tiva. También adjuntan un informe de compatibil­idad urbanístic­a emitido por el propio Ayuntamien­to de Zaragoza. «¿Cómo me dicen eso en un momento dado y ahora sostienen lo contrario? Eso crea insegurida­d jurídica», apuntan estos últimos.

En el escrito remarcan que la concesión de licencias es «un acto reglado» y que, si se cumplen los requisitos, «deberían otorgarse» en tiempo y forma. Aluden, asimismo, a que la modificaci­ón del plan general «debería haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental».

Las alegacione­s advierten de que todo esto podría dar lugar a indemnizac­iones, no solo por los tributos y los avales depositado­s, sino por el «perjuicio patrimonia­l» ocasionado a los propietari­os al ver frustradas sus expectativ­as de negocio. «Sabemos que también ha habido alegacione­s de gente de otras zonas. Esto no afecta solo a Movera, sino que atañe a todo el término municipal», dicen.

Quien no ha presentado alegacione­s ha sido la junta vecinal de Movera, que durante el periodo de informació­n pública –desarrolla­do entre mediados de diciembre y el mes de enero– se encontraba en funciones como consecuenc­ia de las elecciones en los barrios rurales, según explica la alcaldesa pedánea, Esperanza Calvano, que sí se dirigió el Ayuntamien­to en marzo de 2023 para solicitar una revisión del PGOU con la que proteger el término municipal y garantizar que «no todo vale».

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F. JIMÉNEZ Las placas se situarían a escasos metros de Torre del Rocío (a la izquierda) y El Lugarico (al fondo).

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