El impuesto a energéticas y bancos y el permiso de paternidad, en el aire

MADRID. El fracaso de los Presupuestos para este año supondrá, en la práctica, el adiós a algunas de las grandes medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las que iba a intentar contrarrestar el impacto que la ley de la amnistía estaba teniendo en buena parte de los ciudadanos. Los ministerios económicos (Hacienda, Economía, Seguridad Social y Trabajo, fundamentalmente) ya estaban trabajando «desde hace semanas» en las Cuentas públicas de 2025, en paralelo a las de 2024. De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, consideraba que los del próximo año serían más importantes al ser los primeros que incluirán las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, y que obligarán a ajustar unos 7.000 millones de euros.

Por lo pronto, se disipa la posibilidad de conocer cómo quedarán configurados los dos impuestos extraordinarios que el Gobierno aprobó en el verano de 2022 para bancos y energéticas y por el que el año pasado pagaron 2.900 millones. Sánchez había anticipado que el de las eléctricas se «modularía» para minimizar su impacto en las empresas a cambio de que realizaran inversiones sostenibles. Del que nada se sabía era del impuesto bancario más allá de los primeros contactos que el Ejecutivo mantenía ya con representantes del sector financiero para tratar de configurar un impuesto con el que Sumar no estaba dispuesto a ceder en recortarlo.

Una de las exigencias de Sumar al PSOE pasaba por incluir el aumento de los permisos de paternidad de las actuales 16 semanas a 20 semanas. Tampoco saldrá adelante al precisar de una financiación adicional al actual presupuesto prorrogado.

Transferencias e inversiones Aunque la ejecución de los fondos europeos seguirá su camino, no será así en el caso de numerosas inversiones que el Ejecutivo quería poner en marcha; muchas de ellas vinculadas a los acuerdos de legislatura como el desarrollo de líneas AVE, la ampliación de carreteras o la transferencia de competencias a Cataluña y País Vasco. Incluso, queda en el aire uno de los pilares de la ley de vivienda, el del inicio de construcción de miles de viviendas sociales para amortiguar los precios del alquiler. También quedan congeladas las convocatorias de nuevas oposiciones.

Lo que no sufrirá ningún cambio será una de las grandes medidas puestas en marcha a principios de año: la revalorización de las pensiones; así como el aumento del sueldo de los funcionarios pactado recientemente.