El ex jefe de gabinete de Lambán ampara la gestión de las renovables e insta a pactar su planificación
Giral señala que Aragón tiene ahora una «ventaja competitiva» para atraer inversiones Los ambientalistas exigen regulación y critican la conversión del territorio en una «colonia energética»
ZARAGOZA. El ex jefe de gabinete de Javier Lambán y ahora concejal zaragozano por el PSOE, Chema Giral, salió ayer en defensa de la gestión de las energía renovables en las dos últimas legislaturas, pero aprovechó su comparecencia ante la comisión de investigación de las Cortes para instar a todos los partidos a pactar su planificación.
Giral recordó el bloqueo judicial del sector que heredaron en 2015 del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi y cómo en dos años lograron no solo darle la vuelta, sino generar el marco jurídico que ha convertido a la Comunidad en una potencia en energía verde. A su juicio, esto permite disponer ahora de una «ventaja competitiva tremenda» para atraer inversiones y vertebrar el territorio «sin olvidar a los consumidores aragoneses».
El dirigente socialista también aludió a la normativa para regular la instalación de renovables en zonas agrarias y a la aprobación de otra específica para que la Comunidad pueda aprovecharse de su generación eléctrica, recurrida por el Estado. No obstante, admitió que la Comunidad no estaba preparada para el «aluvión» de proyectos y explicó que hubiera tocado hacer un nuevo plan energético, pero se excusó con que venció en plena pandemia
Tampoco eludió la cuestión sobre el acompañamiento de cargos socialistas a empresas del sector. En este punto, apuntó que se hacía desde los distintos departamentos para tratar de apoyar las inversiones en el territorio.
En la sesión, que se alargó más de seis horas, también comparecieron ambientalistas que dieron una visión muy crítica sobre la situación y reiteraron su petición de una moratoria. En el caso del catedrático de Geología José Luis Simón, consideró que al despliegue de parques solares y fotovoltaicos le ha faltado «rigor técnico» y está provocando «graves afecciones», por lo que insistió en la necesidad de una moratoria. «El Inaga denota falta de planificación y de respeto a la legislación vigente», afirmó.
Más territorio afectado
Juan Antonio Gil, de la Fundación Quebrantahuesos, rebatió el argumento de que solo está afectado el 0,6% del territorio por las renovables porque, según apuntó, la superficie afectada llega al 14%. Aludió a la elevada mortalidad de avifauna por los aerogeneradores y advirtió de que puede llegar a la extinción de los buitres leonados.
Mientras, Carlos González, de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, fue muy crítico contra la red promovida por Forestalia para exportar la energía verde a otras autonomías con tendidos que suman más de un millar de kilómetros. «Es una auténtica red de transporte privada. No cubre nuestras necesidades, sino que está enfocada al comercio internacional», valoró.
Por ello, González opinó que Aragón desempeña en el gran mercado eléctrico «el papel de colonia energética», lo que le llevó a negar que haya una verdadera transición. Además, abogó por un modelo distribuido que extienda los beneficios a toda la sociedad y dotarla así de «soberanía energética».
También intervino la alcaldesa de Monforte de Moyuela, Paula Delmás, que solicitó favorecer las comunidades energéticas y negó presiones de expropiación para la instalación de renovables.
La comparecencia del jefe de servicio de Gestión Energética de la DGA, Eduardo Pérez, evidenció que la tramitación se ha visto afectada por la regulación estatal «con cargas administrativas considerables». Y explicó que las medidas urgentes de 2018 para la transición energética amplió la capacidad y, con ello, la avalancha de proyectos.