El enemigo es el fraude
La función principal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) es aplicar el sistema tributario español para que se cumpla el principio constitucional (art. 31) de que todos los ciudadanos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica (ingresos, consumos y bienes o patrimonio) mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Entre sus tareas están la gestión, inspección y recaudación del dinero que aportamos los ciudadanos para el funcionamiento, entre otros servicios, de la sanidad, la educación, la seguridad, la investigación, las prestaciones sociales…
Frente al rechazo de la sociedad al fraude fiscal por su gravedad, hay gente que prefiere no pagar impuestos o no pagar todo lo que deben a las administraciones tributarias, con lo que nos engañan a todos con el fraude. Fraude que puede llegar a ser delito fiscal cuando la cuantía dejada de ingresar exceda de 120.000 euros. Delito que lleva una pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de dicha cuantía.
En el caso de la pareja de la señora Ayuso, aunque ella no tenga que pagar por el presunto delito del denunciado, ha mostrado una reacción impropia de una presidenta de la Comunidad de Madrid; primero por negar los hechos de la acusación, tras el trabajo inspector de la AEAT y pasarse el caso a la Administración de Justicia por la cantidad defraudada; segundo porque el acusado reconoció sus delitos para rebajar la posible pena de prisión; tercero porque los impuestos tienen que ver con cualquier comunidad autónoma y porque el dinero del fraude, al ser de todos los ciudadanos, es injustificable siempre. Por último, su reacción es impropia, por calificar la labor de la AEAT como una «inspección salvaje y sacada de quicio», llegando a decir con personal victimismo que su novio estaba siendo asediado por «todos los poderes del Estado», como si fuera el único inspeccionado, cuando en 2022 la AEAT realizó casi 1,9 millones de operaciones de control, con las que recuperó para todos más de 15.000 millones de euros, como es su obligación.