Hasta 86 proyectos de renovables se enfrentan a denuncias por delito ambiental en los tribunales
Tres entidades impulsan las causas ante la Fiscalía, la última tramitada hace seis días Alegan invasión de áreas protegidas, modificación de parques sin evaluación o fraccionamientos
de ampliar la semana pasada su denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Zaragoza por la elevada mortalidad de un ave en peligro de extinción, el milano real, en los últimos tres años: 127 ejemplares en 56 parques eólicos de Zaragoza y Huesca.
En paralelo, Amigos de la Tierra también presentó una denuncia en otoño pasado por la muerte de tres águilas perdiceras y cinco milanos reales (igualmente en peligro de extinción) y otros cuatro cernícalos primilla (especie vulnerable) en tres parques de la comarca Campo de Borja.
Solo en Campo de Borja, con datos oficiales del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, se contabilizaron la muerte de 600 ejemplares de avifauna en 2023. Con el crecimiento de parques eólicos se ha quintuplicado con creces la mortalidad en Aragón.
ZARAGOZA. La expansión de las energías renovables en Aragón se enfrenta a una batalla judicial de consecuencias imprevisibles. Mientras en Galicia se acumulan autos de suspensión cautelar de proyectos eólicos por su fraccionamiento, las fiscalías de Huesca y Teruel han tramitado denuncias por delito ambiental contra la aprobación de 86 parques eólicos y solares repartidos por las tres provincias. La última se registró la semana pasada contra los aerogeneradores de Santos de la Piedra, en Teruel, cuyas obras acaba de empezar el grupo austriaco Verbund tras cambiar dos veces de mano.
Teruel Existe es la principal impulsora de estas causas penales que se pusieron en marcha hace casi dos años, a las que se han sumado puntualmente la plataforma Paisajes de Teruel y Ecologistas en Acción. Por el momento, solo una de las causas está avanzada en los tribunales, en concreto en Huesca, y afecta a cuatro proyectos eólicos en Castelflorite, Peralta y Berbegal. La Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Uprona) ha aportado un duro informe en el que apunta también a un presunto delito de prevaricación por el fraccionamiento de los proyectos.
Sus responsables confían en poner freno, al menos, a esta mínima parte de las instalaciones ante la acumulación de más de 900 proyectos eólicos y solares en Aragón y que, a su juicio, suponen una amenaza para la biodiversidad y los recursos endógenos de las comarcas, como son sus entornos naturales, para atraer turismo.
No obstante, son conscientes de las dificultades a las que se enfrentan, dado que la misma Fiscalía de Medio Ambiente ya desestimó sus denuncias contra once instalaciones en la provincia de Zaragoza. La misma suerte corrió la iniciativa de Ansar contra uno de los parques eólicos situados a las afueras de la capital, El Montañés, hace tres meses. El resto las ha asumido la Fiscalía y las ha trasladado a los juzgados.
De todos modos, no es la única vía abierta para intentar frenar las actuaciones de energía verde más polémicas que se impulsan en Aragón. A principios de mes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite un recurso contencioso administrativo contra uno de los 20 parques eólicos que forman el denominado Clúster Maestrazgo, aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). En este caso, la iniciativa es compartida por Teruel Existe y Paisajes de Teruel con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y la plataforma castellonense contra las líneas de alta tensión.
También se han admitido a trámite la semana pasada otras dos demandas de Amigos de la Tierra por la vía de lo contencioso administrativo contra los proyectos eólicos Los Borjas I y Stev, ambos en la provincia de Zaragoza. Mientras, Ecologistas en Acción está pendiente de sus recursos contra cuatro parques en Huesca y sus dos líneas de evacuación, igualmente denunciados por la vía penal por Teruel Existe.
Una treintena de razones
Las denuncias recogen hasta una treintena de presuntas irregularidades. Una de las más repetidas se refiere al citado fraccionamiento de macroproyectos para que fueran evaluados por la DGA en vez de por el Miteco. Y relacionada con ésta, la evaluación ambiental igualmente fragmentada, sin evaluar los efectos acumulativos.
Estas cuestiones también están saliendo a relucir en las comparecencias que se están sucediendo en la comisión de investigación de las Cortes. Por ejemplo, la invasión de espacios protegidos y la ocupación de zonas colindantes a áreas de recuperación a especies de avifauna en peligro de extinción, como el quebrantahuesos y el águila perdicera. De la misma forma, se denuncia la modificación sustancial de proyectos sin someterlos a un nuevo análisis ambiental.