«El ‘buggy’ se transformó rápido en una gran bola de fuego»

Juzgan a dos pilotos que circulaban con el vehículo que originó el fuego en la sierra de Alcubierre en 2019

ZARAGOZA. Fue uno de los incendios más graves de los últimos años en Aragón. A finales de julio de 2019 en la sierra de Alcubierre, entre los términos municipales de Leciñena y Perdiguera, ardieron 869 hectáreas. Las altas temperaturas y un viento seco del este impulsaron un fuego que tardó varios días en darse por extinto y cuyo origen se sitúa en un ‘buggy’ de ruta por la zona. «Se transformó rápido en una gran bola de fuego», expuso ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza Gaizka L. M. sobre la velocidad con la que las llamas devoraron el vehículo.

Para él y su copiloto, Íñigo C. D., la Fiscalía y las acusaciones particulares solicitan una pena de entre 4 y 4 años y medio de cárcel por un delito de incendio por imprudencia grave. También solicitan una indemnización tasada en 1.424.386 euros de la que hacen responsable civil subsidiaria a la aseguradora L’Equité.

Las investigaciones apuntan a que la causa del incendio sería una avería en el ‘buggy’. Las pesquisas se centran en un depósito extra de combustible con capacidad para 36 litros que Gaizka L. M., de profesión mecánico, había instalado sobre una bandeja justo encima del motor. El fallo de una conexión habría hecho que se derramase la gasolina con la que se ocasionó el fuego. Otro de los elementos sobre los que está puesta la lupa es el tubo de escape, al que se le había retirado el silenciador y el filtro antichispas.

Esas dos no eran las únicas modificaciones que le había hecho al automóvil Gaizka L. M. desde que lo adquirió en 2017. Al respecto, defendió que el coche siempre pasó las inspecciones y verificaciones técnicas. «Quien se subía en él era yo, ¿cómo iba a montar algo peligroso?», aseguró ayer.

Con el fin de completar una ruta por el entorno de Los Monegros, el 23 de julio Gaizka L. M. e Íñigo C. D. partieron desde Villamayor

de Gállego. Cuando llevaban recorridos 43 kilómetros, Íñigo C. D. descubrió que el motor estaba ardiendo. El copiloto quiso activar primero un extintor ubicado junto al motor, pero el dispositivo no funcionó. La segunda opción era otro extintor situado a su derecha, pero para entonces el fuego avanzaba también por ese lado, por lo que decidió escapar del coche saltando por la parte delantera. «Si intento coger el segundo extintor, no salgo con vida», manifestó Íñigo C. D.

Ese día, en la zona había declarada una alerta roja por ola de calor con temperaturas que rondaron los 40º a la hora del incidente, las 14.40; una circunstancia que los dos acusados aseguraron que desconocían.

Ni Gaizka L. M., ni Íñigo C. D. negaron que su coche fue el punto de inicio del incendio. Si bien su versión de los hechos contrastó con la aportada en sus testimonios por varios de los testigos.

Los acusados afirmaron que los dos hombres con los que se cruzaron al alejarse del fuego en busca de ayuda y mientras llamaban al 112 para avisar de lo sucedido, lejos de asistirles les increparon. Éstos, un vigilante de montes e incendios, y Raúl Gracia, agente forestal y por entonces alcalde de Leciñena, expusieron que les habían indicado que aguardasen en un lugar que consideraban seguro a la llegada del dispositivo antiincendios ya en camino, pero que en cambio siguieron corriendo. El agente de la Guardia Civil que posteriormente tomó declaración a los pilotos resaltó ante el tribunal la actitud colaborativa de los acusados. «El fuego nos perseguía, escapábamos de él», explicaron por su parte Gaizka L. M. e Íñigo C. D.

Contradicciones

Más allá de si pretendían huir o no, las mayores contradicciones se dieron con las dos personas con las que, según los acusados, habían contratado el curso que les había llevado desde Vitoria, donde residen, a Los Monegros. En septiembre tenían previsto participar en el Rally Panáfrica, una prueba en Marruecos para la que necesitaban emplear un determinado GPS cuyo manejo debían aprender. Para ello, según afirmaron, la organización de la prueba les había recomendado la formación que impartía una supuesta empresa denominada Roadbook Factory. Lo que dijeron que acordaron con ella fue que por 180 euros recibirían en Villamayor de Gállego una explicación teórica que incluía la instalación del GPS y una práctica por una ruta diseñada específicamente para esta actividad.

Además, también contarían con asistencia técnica y supusieron que geolocalización. Del mismo modo, entendían que en el precio entraba la tramitación de los permisos necesarios para transitar por los caminos y parajes por los que iban a pasar. Documentación de la que carecían.

Los responsables de Roadbook Factory, en cambio, indicaron que tras ese nombre no había ninguna empresa, sino que era un «pseudónimo» que empleaban en redes sociales. Además negaron que hubiesen concretado con los acusados un curso y limitaron lo pactado a un simple préstamo del GPS.