El presidente del CGPJ cuestiona la amnistía: «No se puede donar un riñón a cambio de un precio»
Guilarte justifica su voto en blanco sobre la ley y reprocha a los vocales que entraran a valorar su constitucionalidad
MADRID. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, justificó ayer en una amplia carta su posición sobre el informe de la ley de amnistía, debatido y aprobado en el último pleno celebrado el pasado jueves. Guilarte, junto al vocal Enrique Lucas, votó en blanco las dos propuestas que había encima de la mesa: la del consejero conservador Wenceslao Olea y el documento de la progresista Mar Cabrejas.
El máximo responsable del Consejo explicó en su carta que si el informe aprobado se hubiera limitado al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, «se habría conseguido aprobar un único documento ya que en las cuestiones jurídicas todos habríamos estado de acuerdo». Sin embargo, admitió, «la polaridad que nos acosa lo ha impedido».
El informe de Olea, magistrado de la Sala Tercera del Supremo, la misma que se encarga de revisar las resoluciones del Consejo de Ministros, entre otras, tachó la proposición de la amnistía de «inconstitucional» porque vulnera la separación de poderes y el principio fundamental de igualdad ante la ley. Fue aprobado con los votos de nueve de los 16 vocales, aunque no tiene un carácter vinculante para el Poder Legislativo.
Exposición insuficiente
Por su parte, el texto de la vocal Cabrejas sostiene que «el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico» y recomendó que su legalidad «pasa por acreditar que con ella se persigue un fin legítimo que debe superar un
pertenecido durante 20 años. El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, que emitió un informe en el que se oponía a que el alto tribunal investigase a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo, se ha dado de baja de la Asociación de Fiscales (AF) juicio de proporcionalidad». Valorada su opinión sobre este aspecto, Guilarte señaló que la exposición de motivos de la ley es insuficiente porque se ha hecho por una mera ecuación parlamentaria; es decir, para conseguir los apoyos de Junts por parte del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Una crítica que explicó así: «Puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de un precio; de igual manera que no cabría indultar, menos aún a amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa».
Para Guilarte existe un «evidente componente político» en la tramitación de la norma, que tacha de «transacción política». «La amnistía tiene una causa relativamente simulada en los términos en los que la describe la exposición de motivos», esto es, que no tiene como finalidad la convivencia en Cataluña, sino una mera «transacción política», dijo.
«En función de todo ello –añadió–, con mi voto en blanco he pretendido, de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos. Asumo los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos», culminó Guilarte en tono enigmático sin señalar a nadie.
En el marco de su escrito, insistió en «alentar la imprescindible renovación del CGPJ pues son escasos los mensajes que en tal sentido dirigimos a la clase política: pudiera parecer que la situación no nos incomoda», pero no es así, remató.
–de sensibilidad conservadora y mayoritaria en la carrera– después de que la misma descartase ampararle ante el Consejo Fiscal a raíz de un artículo de opinión de El Mundo en el que le acusaba de ser «cómplice de un canje corrupto». Redondo estuvo en el ojo del huracán después de que un primer borrador filtrado por un fiscal al citado periódico dijese que había terrorismo en Tsunami y luego cambiara de criterio por indicaciones del fiscal general. Algo que éste consideró falso.