El juez Pedraz da marcha atrás y anula el bloqueo de Telegram por ser una medida «excesiva»
Deja sin efecto el cierre cautelar que acordó el pasado viernes, tras constatar ahora que la medida «no es proporcional» por afectar a múltiples usuarios
MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado sin efecto la orden de bloqueo cautelar de la plataforma de mensajería Telegram al reconsiderar su postura y constatar que se trata de una medida «excesiva y no proporcional» por la posible afectación de múltiples usuarios.
En un nuevo auto, dictado ayer lunes, el magistrado acuerda por tanto revocar dicha orden de suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, acordada el pasado viernes a raíz de una denuncia de Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+ en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.
Pedraz reconoce ahora que «a raíz de la publicación en medios de todo tipo del acuerdo de suspensión, se constata un hecho notorio que este instructor no puede ignorar: la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión».
Ante esa realidad, horas antes de emitir esta nueva resolución, dictó una providencia en la que ya acordaba la suspensión del bloqueo de Telegram a la espera de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional sobre la incidencia de dicha medida cautelar en los usuarios, y en el que se apoya esta última decisión.
Según Pedraz, sin perjuicio de que es sabido que dicha plataforma es utilizada también para actividades delictivas, «son más que múltiples usuarios de todo tipo (particulares, empresas, funcionarios, trabajadores en general…) que han optado por utilizar Telegram, al brindarles unos ‘beneficios’ que otras plataformas no dan. Y todo ello bajo una amparada privacidad».
De esta forma –añade– «si se acordara la suspensión, lo cierto es que supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas) pues, además de haber residenciado multitud de datos a los que ya no podrían tener acceso, en muchos casos se les impediría realizar labores de índole profesional».
Además, prosigue, «como se sigue del informe policial, la medida cautelar contra Telegram tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas». Al igual sucede, apunta, con «algunos grupos, organizaciones o entidades de distinto tipo, que podrían estimar que ello afectará a sus mecanismos y procesos organizativos al privarles de una vía o canal de comunicación rápido y de gran alcance a su mercado diana».