El Gobierno busca combatir la imagen de debilidad con un plan para aprobar 49 leyes
Los socialistas optan por medidas que entienden que son «consensuables» con sus socios También plantean reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pendiente desde hace tres años
MADRID. No está siendo una legislatura fácil para el Gobierno, aunque Pedro Sánchez y sus ministros presuman de que han aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, han aumentado la pensión media un 5%, la economía crece cinco veces más que la media europea o España crea uno de cada tres puestos de trabajo en la Eurozona. Concluir en el Congreso la tramitación de la polémica y crucial ley de amnistía llevó más tiempo y concesiones de lo previsto como consecuencia de las reticencias de Junts, sacar adelante los primeros reales decretos leyes supuso una cara y agónica negociación con los de Carles Puigdemont y el adelanto electoral del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obligado a renunciar a los Presupuestos ante la convicción de que los dos socios catalanes lo podrían imposible. Pero el Ejecutivo dio hoy otro paso para intentar trasladar la idea de que la maquinaria no para.
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó en el Consejo de Ministros, primero, y ante la prensa, después, el Plan Anual Normativo para 2024 y puso sobre la mesa unas cifras aparentemente ambiciosas. El objetivo marcado es dar luz verde a 198 iniciativas a lo largo del presente ejercicio, aunque el recuento es algo engañoso. De ellas casi el 75%, 149, serán reales decretos sin rango de ley, lo que significa que no requieren la aprobación del Congreso de los Diputados ni negociación alguna con otros grupos políticos en un momento en que los apoyos hay que sudarlos. Con todo, Bolaños elevó a casi medio centenar el número de proyectos de ley que el Gobierno pretende impulsare este año: 43 leyes ordinarias y seis leyes orgánicas, que requerirán mayoría absoluta para salir adelante.
Los socialistas saben que de lo que ocurra en Cataluña el 12 de mayo puede depender su propia continuidad en la Moncloa y que tanto Junts como los republicanos pueden acabar dándoles la espalda, pero sostienen que no tiene por qué ser así y se resisten a escenificar nada que no sea confianza en que están en condiciones de agotar la legislatura. Ya antes de tener cerrada la investidura de Sánchez, en el PSOE daban por hecho que el nuevo mandato no sería tan productivo en términos legislativos como el aniba dando el Ejecutivo para reformar la ley de secretos oficiales del franquismo, echan en falta que el Gobierno no la haya incluido en el conjunto de leyes que cree prioritarias para este año. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix, Bolaños, afirmó este martes que se puede trabajar sobre la proposición que ha vuelto a registrar el grupo vasco, pero este teme que, como en otras ocasiones, lo «deje morir»
meses que quedaban entonces por delante antes de las elecciones se podrían aprobar cien leyes más. Solo que, finalmente, Sánchez disolvió las Cortes el 29 de mayo.
Proyectos repescados
Bolaños solo detalló en su comparecencia algunos de los proyectos que el Gobierno tiene en cartera y, según fuentes de su departamento, el plan no se hará público hasta dentro de unos días. Pero lo previsible es que se tire, como hasta ahora, de proyectos cuya tramitación parlamentaria estaba más o menos avanzada hasta el adelanto del 23 de julio. Algunos ya se han repescado, como el de la ley de paridad, el de enseñanzas artísticas o el del desperdicio alimentario. Sin embargo y en total, decayeron con la legislatura 25 susceptibles de recuperación.
Para a evitar tensiones con los socios -como las que ya han aflorado con Sumar y Podemos respecto a la ley del suelo- e intentar soslayar un ruido que daña su imagen, fuentes gubernamentales apuntan a que se optará por textos sin excesivas aristas y, sobre el papel, fácilmente «consensuables» como la ley de juventud, la de protección de los menores en los entornos digitales o la de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas también menores de edad.
Entre las iniciativas enumeradas por Bolaños, sin embargo, hay también asuntos menos ‘blancos’ y susceptibles de conflictos con los soberanistas. El ministro destacó que se quiere sacar del cajón la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo anteproyecto lleva pendiente tres años del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. Esa tardanza le valió hoy al órgano de gobierno de los jueces, pendiente de renovación desde hace un lustro y con mayoría conservadora, un reproche. El titular de Justicia ironizó con que el CGPJ se tome su tiempo para atender cuestiones obligatorias y haya emitido ya dos textos contrarios a la amnistía. Pero más allá de esa controversia, la tramitación de la Lecrim no se augura pacífica.
Junts pide, por ejemplo, la eliminación del artículo 384 bis, referido a la suspensión automática de la función o cargo público en caso de procesamiento firme y prisión provisional por integración o relación con bandas armadas, individuos terroristas o rebeldes. Y en la negociación de la amnistía, Sánchez llegó a poner sobre la mesa un acortamiento de los plazos de instrucción sobre los que el ministro, sin embargo, no quiso pronunciarse.