Julian Assange logra retrasar su posible extradición a EE. UU. al obtener permiso para apelar
MADRID. Julian Assange no será extraditado «inmediatamente» a EE. UU. El freno a la entrega del fundador de Wikileaks, sobre el que pesan 18 imputaciones por recibir y publicar informes de aparentes crímenes de guerra y asuntos de seguridad nacional, lo han dictado dos jueces del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales en la sentencia publicada este martes. La corte reconoce en su dictamen que el australiano tiene «genuinas perspectivas» de ganar un proceso de apelación en tres de nueve puntos legales defendidos por sus abogados en una vista pública celebrada en febrero.
Pero la jueza Victoria Sharp, que preside esta instancia del caso junto al magistrado Jeremy Johnson, ofrece al mismo tiempo una oportunidad al Gobierno estadounidense para presentar garantías diplomáticas sobre la protección de los derechos fundamentales del reclamado.
De cumplirse el trío de condiciones, Washington y Londres podrían evitar el juicio de apelación de las cuestiones políticas del procedimiento -libertad de prensa, derecho a conocer la verdad, juicio justo, entre otros aspectos legales- que reclama el equipo legal del exdirector de la pionera plataforma digital de comunicación.
Así, ambos jueces demandan «garantías satisfactorias» sobre el nivel de protección constitucional que Assange tendría asegurado de ser juzgado en EE. UU. por 17 imputaciones bajo la ley de espionaje de 1917 y uno adicional por ‘hackeo’ del sistema informático del Pentágono.
Pena capital
En cuestión está si el expatrón de Wikileaks podría ampararse bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que protege la libertad de expresión. En el juicio del pasado febrero sus abogados expusieron declaraciones de altos cargos gubernamentales en el sentido de que dicha protección no le cubriría por ser ciudadano extranjero. Los jueces también piden garantías formales a Washington de que su nacionalidad australiana no perjudicará el proceso judicial una vez sea entregado a las autoridades estadounidenses. Por último, urgen a EE. UU. a descartar la pena capital entre las sentencias que un juzgado podría dictar contra Assange.
El tribunal londinense concede un plazo de tres semanas al Gobierno de EE. UU. para que remita dichas condiciones a través de sus representantes legales contratados por la Fiscalía británica. Los jueces se reservan el derecho de dar luz verde a la apelación si consideran «insatisfactoria» la potencial respuesta o si Washington decide ignorar el dictamen de Sharp, la jueza de apelación de mayor grado en Derecho Penal en Inglaterra y Gales.