El Gobierno entrará en el consejo de Telefónica al llegar al 10% del capital
El Ejecutivo quiere completar la compra «lo más rápido posible» y la SEPI ha pedido para financiarla un anticipo de crédito al Estado
MADRID. Telefónica vuelve a tener participación estatal después de 27 años de plena privatización. El lunes la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) esperó al cierre de la Bolsa para anunciar la adquisición del 3% del capital de la mayor operadora de telecomunicaciones de España, dando el primer paso para el desembarco del Gobierno en la compañía. El Estado se convertirá en el principal accionista al hacerse con el 10% de las acciones a través de compras repartidas en diferentes operaciones que pretende que finalicen antes del verano. «La compra se hará lo más rápido posible», aseguró ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para intentar «no afectar a la cotización».
Esta representación le permitirá tener un miembro en el consejo de administración de la operadora, que actualmente cuenta con 15 consejeros, y el Gobierno no duda en ejercer su derecho. Fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo quiere actuar «como un accionista más», por lo que no ha descartado en ningún momento su entrada en el consejo, pese a las reticencias que este paso puede suponer para el resto de accionistas.
Fuentes del mercado insisten en que «cualquier desembarco estatal en una empresa privada requiere evitar los riesgos de intervencionismo político», ya que en ocasiones se designan directivos vinculados a los partidos «pero no siempre bien preparados para esos puestos».
Pero no será un movimiento sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que el fondo saudí STC –con un 4,9% de acciones directas y un 5% en derivados a la espera de autorización del Gobierno– también exigirá un consejero en Telefónica. Para que ambos inversores nombren representantes, habría que convocar una junta extraordinaria o esperar a la de 2025, ya que los plazos son demasiado ajustados para llegar a la del próximo 12 de abril. En esta reunión –la primera en la que se verán las caras el Estado y los saudíes– se reelegirá a los independientes José Javier Echenique, Peter Löscher, Verónica María Pascual y Claudia Sender. El resto de vocales cumple sus mandatos entre 2025 y 2026, por lo que el nombramiento de un consejero para Telefónica o STC forzaría la salida de uno de ellos antes de lo previsto.
Nuevo reparto accionarial
Con la entrada del Estado en el capital, el accionariado queda dividido entre la SEPI (cuya participación llegará al 10%), fondo STC (9,9%, aunque por ahora solo posee el 4,9%), BlackRock (4,98%), BBVA (4,83%). Por debajo del 3% se quedan Vanguard, Criteria, Caixabank y Norges. El resto de accionistas minoritarios completan con algo más del 67%. Telefónica no es la única emprerevelan sa privada con participación pública. El Estado está presente en Hispasat, Enagás, Airbus, AENA o IAG, entre otras. Para ello necesita endeudarse porque tener ese capital implica emitir deuda pública. Aunque después reciben ingentes cuantías de dividendos.
Fuentes del Gobierno aseguran que para financiar la compra inicial del 3% de la operadora por casi 700 millones, la SEPI ha pedido un anticipo de crédito al Estado. En concreto, este paquete accionarial, con la cotización a 3,99 euros por título –como cerró el lunes el mercado– supone un desembolso de unos 690 millones. Y la adquisición del 7% restante supondrá otros 1.600 millones.
«Margen suficiente»