Elecciones en Melilla: una paliza, veinte años de violencia y una «atmósfera intimidatoria»
MADRID. Apenas faltaban dos meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28-M de 2023. Un hombre se acercó por la calle a la entonces consejera de Hacienda de Melilla, Dunia Almansouri, y le recriminó que no hubiese cumplido su (supuesta) promesa de dar trabajo a sus familiares. Los «acompañantes» de la política se abalanzaron sobre el individuo y, según la Policía, le causaron «lesiones de una gravedad extrema». Tuvo que ser evacuado de urgencia a un hospital de Málaga.
La víctima presentó denuncia el 7 de marzo de ese año, pero la retiró más tarde, por lo que no se pudo acreditar judicialmente. Los investigadores de la Policía Nacional consideran que lo hizo por «miedo a las represalias» y que este episodio, «el hecho más grave conocido», es la punta que asoma de un iceberg de violencia e intimidación instalado en Melilla para «socavar la democracia» y garantizar la permanencia de unos pocos en el poder.
El último intento de poner orden en la ciudad autónoma recibe el nombre de operación Santiago-Rusadir, destapada a principios de marzo –llevaba gestándose en secreto desde mayo del año pasado– a raíz de una redada que acabó con 33 detenidos y una veintena de investigados; entre ellos, el líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafá Aberchán. El expresidente melillense y varios de sus consejeros duermen desde entonces en prisión.
Los argumentos de la jueza para enviarlos a la cárcel se basan en la existencia de una red de adjudicación de contratos menores –hay 315 expedientes en la diana de la Policía, de los cuales 291 se asocian a CPM y el resto, al PSOE y a Ciudadanos– con la finalidad, presuntamente, de utilizar los fondos obtenidos para «financiar la compra del voto por correo». Pero también alude al riesgo de fuga porque, al ser algunos de los investigados de ascendencia marroquí, «lo normal» es que gocen también de esa nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino «pudiendo eludir los controles de salida»; a lo que une «la situación geográfica de Melilla», que, según el criterio de la titular del juzgado, les permite huir en barco de recreo o moto de agua.
Los abogados de varios de los investigados han recurrido la decisión de la jueza argumentando que sus defendidos son españoles, que sus familias también lo son y que tienen pleno arraigo en el país, además de considerar una «mera conjetura» la afirmación de la instructora de que puedan atesorar pasaporte marroquí. Primero, objetan, porque no se ha comprobado quiénes disponen de ese documento y, segundo, porque no se han tenido en cuenta los controles fronterizos para abandonar el país de la Guardia Civil y, luego, de la Policía, que escanea el pasaporte.
Las defensas han protestado por lo que consideran un ejercicio «palmario e intolerable de discriminación racial» en la resolución judicial que los mantiene entre rejas y el agravio comparativo –subrayan– respecto a lo decidido sobre los investigados en otros escándalos de corrupción como el caso Koldo o el que afecta al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales. Los letrados han elevado incluso una queja al Consejo General del Poder Judicial y han solicitado una inspección en el juzgado.
En sus resoluciones, la jueza también esgrime contra los investigados el clima de intimidación y agresividad utilizado supuestamente para lograr sus fines. La Policía se refiere a la trama de Melilla como una «verdadera organización criminal en mayúsculas», que ha permanecido activa al menos desde 2008 «con un claro liderazgo y una maquinaria perfectamente engrasada» y que «no duda en emplear la violencia».