Ribera descarta el trasvase del Ebro y abre la puerta a mejorar las ayudas a Teruel
La ministra comparecerá en las Cortes de Aragón para informar del estado de las obras del agua por petición del presidente Azcón pero no modificará el actual plan hidrológico, vigente hasta 2027
MADRID. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en las Cortes de Aragón para informar del estado de las inversiones en infraestructuras de gestión del agua en la Comunidad. Lo hará a petición del presidente de la DGA, Jorge Azcón, con quien ayer mantuvo una reunión de trabajo en Madrid en la que el dirigente autonómico reclamó al Gobierno central mayor implicación y avances en este tipo de obras. En este sentido, la también vicepresidenta tercera descartó modificar el plan hidrológico del Ebro vigente hasta 2027 pero concedió al líder del PP una imagen de unidad contra posibles trasvases. Además, dejó abierta la puerta a mejorar las ayudas al funcionamiento de Teruel, otro de los asuntos tratados en el encuentro.
Azcón solicitó esta reunión hace dos meses, en plena polémica por el posible trasvase del Ebro a Cataluña, y en una situación crítica para los embalses de casi todo el país. Ayer, tras las lluvias de las últimas semanas, esa realidad «ha cambiado radicalmente», tal y como reconoció el presidente de la DGA, que no obstante subrayó que su mensaje no ha variado, y va dirigido a la «defensa» de los recursos hídricos de la Comunidad que recoge el Estatuto y la «gestión unitaria» de la cuenca a través de la CHE.
Azcón llegó a Madrid con la intención de reclamar un mayor agilidad en las obras en marcha, como el eterno recrecimiento de Yesa, y mejorar la capacidad de regulación de los caudales en la Comunidad, como los del río Gállego, a través de Biscarrués o de alguna otra alternativa. De igual modo, planteó recuperar la treintena de pequeñas actuaciones que se quedaron fuera el actual plan de cuenca 2023-2027.
La ministra descartó cualquier modificación del plan vigente, que alabó, así como rescatar el proyecto de Biscarrués, tumbado por los tribunales. No obstante, emplazó a la DGA a trabajar de cara al siguiente periodo de actuaciones, a partir de 2027, y aceptó acudir a las Cortes de Aragón, previa invitación de su presidenta, para comparecer ante la comisión mixta de seguimiento del Pacto del Agua para informar sobre el avance de las
Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el de Reto Demográfico, Paco Boya.
Precisamente la despoblación fue uno de los asuntos que centraron la reunión, y en especial, las ayudas a los costes de funcionamiento de la provincia de Teruel. La delegación aragonesa reiteró que su aplicación es insuficiente –según los empresarios, siguen lejos del 20% que permite Europa–, y arrancó el compromiso de la ministra de llevar a cabo una evaluación del impacto real que está teniendo.
Tras ese análisis, el paso siguiente sería el de la mejora de los incentivos. «Es un buen momento para hacer una valoración, no solo de cuántas empresas y personas se han visto beneficiadas, sino también sobre propuestas de mejora para que (las ayudas) sean más atractivas, eficientes o lleguen a más gente», explicó Ribera. La ministra, no obstante, recordó que este asunto compete a más de un ministerio, en especial al de Seguridad Social, al afectar a las cotizaciones de los contratos indefinidos.
Energías renovables
Por otro lado, el presidente de la DGA y la ministra abordaron el
compromisos. La vicepresidenta hizo oídos sordos a la petición de la DGA y no ofreció fondos para el Plan Pirineos más allá de alguna posible colaboración en Ordesa a través de Parques Nacionales.
Tampoco concretó
nuevas inversiones vinculadas al lindano, otro de los asuntos que Azcón puso encima de la mesa y que cuenta con un plan de restauración de 550 millones de euros en 25 años que apenas ha comenzado a ser una realidad. proceso acelerado de implantación de energías renovables en la Comunidad y los retos aún pendientes en la transformación del sistema y en el respeto al territorio. Azcón reclamó las inversiones necesarias para que Red Eléctrica disponga de la infraestructura necesaria para satisfacer las demandas de los futuros proyectos industriales en suelo aragonés, como los centros de datos o la planta de baterías de Stellantis.
Ribera coincidió en la necesidad de conciliar la expansión de las renovables con el respeto medioambiental y a los territorios afectados, y en mejorar las instalaciones de Red Eléctrica. Pero no fue más allá. Ni compromisos concretos de inversión ni respuesta al planteamiento aragonés de lograr contraprestaciones por ser uno de los mayores productores del país. «Aragón aspira a que haya un retorno, y es importante ese retorno, pero debe plantearse desde el inicio de los diseños de los proyectos», se limitó a apuntar.