El Ministerio recurre la derogación de la Ley de Memoria por «inconstitucional»
El Gobierno aprueba hoy un informe contra el acuerdo de las Cortes de Aragón La DGA, que ultima su plan de concordia, dice que fue «jurídicamente intachable»
MADRID. Nuevo choque institucional entre el Gobierno de Aragón y el de España. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advirtió ayer de que recurrirá la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón al considerar que se trata de una medida que «invade claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos». Por contra, el presidente de la DGA, Jorge Azcón, aseguró que el anuncio del ministro «no afecta» a la Comunidad, puesto que únicamente se ha eliminado una normativa y aún no se ha aprobado otra que la sustituya. Desde el Pignatelli defendieron que su actuación fue «jurídicamente intachable».
Torres compareció ante la prensa para reaccionar a las políticas de los gobiernos autonómicos PP-Vox contra las leyes de Memoria: tanto la derogación ya aprobada en Aragón como las proposiciones de «leyes de concordia» que preparan Castilla y León y Valencia.
En el caso aragonés, el ministro de Política Territorial anunció que recurrirá la ley que derogó el pasado mes de febrero la Ley de Memoria Democrática de Aragón. A su juicio, esta medida es una «imposición de la ultraderecha» al PP, pese a que «muchas de las enmiendas» de aquel texto, que vio la luz en 2018 bajo el Gobierno del socialista Javier Lambán, «fueron aprobadas» por los populares.
Torres señaló que la ley de derogación, como cualquier otra emanada de un parlamento autonómico, ha sido analizada por Política Territorial, y tras dicho estudio se ha concluido elevar hoy al Consejo de Ministros un informe de los servicios jurídicos que sentará las bases de un recurso.
Tal y como recoge el procedimiento, se abrirá un periodo de diálogo entre las partes de hasta seis meses, y si en ese plazo no se resuelven las diferencias, el Gobierno central acudirá al Tribunal Constitucional.
En concreto, el ministro ejemplificó su reparo jurídico en tres de los puntos que recoge la ley de derogación aprobada por el Parlamento autonómico, como son la supresión del mapa de fosas comunes, «lo que imposibilita las exhumaciones», advirtió; del inventario de lugares y rutas de Memoria;
y de la disposición que homenajeaba a los aragoneses que perdieron la vida en los campos de concentración nazis, algo, a su juicio, «inaceptable».
Conflicto jurídico
Torres quiso aclarar que «tanto en Aragón como en cualquier rincón de España el Gobierno aplicará la ley estatal» y aseguró que se seguirán subvencionando las exhumaciones desde el Ministerio. «En Aragón no va a quedar ninguna fosa sin exhumar», garantizó el ministro.
Para el Ministerio, las medidas aprobadas por la coalición PP-Vox «invaden claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos», por lo que serán recurridas. En cambio, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, rechaza de plano este planteamiento. «No afecta a Aragón porque Aragón no tienen ningún proyecto de ley de concordia que vaya a tramitarse en nuestras Cortes», dijo ayer tras celebrar un encuentro con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Según fuentes de la DGA, Aragón únicamente ha derogado su Ley de Memoria, pero no ha impulsado, todavía, el «plan de concordia» alternativo, por lo que, aseguran, no hay un texto nuevo que fiscalizar por parte del Gobierno central. Recuerdan además que ninguna comunidad está obligada a contar con una regulación de estas características y achacan la amenaza del ministro al contexto electoral que afronta el país en los próximos meses.
La portavoz de la DGA, Mar Vaquero, insistió en que la Comunidad no va a participar en una «farsa instrumentada», por lo que declinará la negociación con el Ministerio. A su juicio, la actuación del Gobierno de Aragón fue «jurídicamente intachable», una opinión «sustentada en el análisis de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico», con «escrupuloso respeto» a la legislación.
«Mi posición no ha cambiado» Azcón, en cualquier caso, defendió la derogación de la ley, una medida que fue duramente criticada por la oposición y por las asociaciones memorialistas. «Mi posición no ha cambiado, es la misma que la del programa electoral con el que me presenté a las elecciones de mayo y que el acuerdo de gobierno que firmé», puntualizó.
Por su parte, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, calificó de «paradójico» que el Gobierno que «quiere colar la amnistía» acuda al Tribunal Constitucional «por defender la libertad de expresión, de pensamiento o de investigación». «Es absurdo», lamentó.