Europa deja al Gobierno en entredicho tras fallar en contra de la indemnización por despido
El comité comunitario de Derechos Sociales da la razón a UGT y abre la puerta a cambiar la ley para encarecer el coste del despido improcedente
MADRID. Europa se ha pronunciado ya en contra de la indemnización por despido que se aplica en España. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha dado la razón a UGT, que presentó una demanda en marzo de 2022 en la que denunciaba a España por ir contra el derecho comunitario y tener una indemnización por despido improcedente demasiado barata y muy poco disuasoria. Y así lo sabe ya el Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que la resolución favorable a eliminar los topes al pago de una indemnización está ya en manos al menos de tres ministerios: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores, según confirmaron a este periódico fuentes conocedoras del fallo, aunque desde los departamentos de Trabajo
y Justicia lo niegan aunque les consta que existe.
La resolución europea que carga contra el despido español se tomó el pasado lunes, en plena Semana Santa, y el jueves pasado el comité se lo comunicó a las partes interesadas. Esta sentencia puede suponer un antes y un después en la legislación española, que deberá hacer cambios para adaptarse a la norma comunitaria, lo que previsiblemente supondrá un encarecimiento del despido y la supresión de los actuales límites en la indemnización por despido improcedente, que están fijados en 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, algo que Estrasburgo considera que no se ajusta a la Carta Social Europea. Es decir, se abre la puerta a una indemnización por despido a la carta, que pague a cada trabajador una cuantía en función de sus circunstancias profesionales y personales, y no solo por la antigüedad que tenga en la empresa.
Este fue el principal argumento que utilizó UGT y que ahora respalda Estrasburgo: el mecanismo de indemnización en caso de despido improcedente no permite a las víctimas obtener una indemnización adecuada para cubrir el perjuicio sufrido; es decir, no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. Y, además, no tiene un efecto disuasorio para los empresarios.
Las alegaciones de Moncloa
El Gobierno se desmarcó de esta reclamación y alegó que la legislación española cumple perfectamente la Carta Social Europea. Es más, junto con las patronales, sostuvo que el sistema español presenta varias ventajas en términos de certidumbre y seguridad de los contratos. Así, por ejemplo, en caso de despido improcedente, los trabajadores están exentos de la carga de la prueba de los daños reales sufridos. De igual manera, argumentó que si se tuvieran en cuenta factores subjetivos a la hora de determinar la cuantía de la indemnización, el despido se encarecería y, sin duda, afectaría a las decisiones de contratación de los empresarios, por lo que solicitaba una resolución en el que se señalara la conformidad de la legislación española a la Carta Social Europea.
«El CEDS se ha pronunciado ya. Las partes ya sabemos lo que ha dicho, lo sabe el Gobierno de España. Nosotros no lo podemos desvelar, pero pedimos al Ejecutivo que no impida que la ciudadanía española conozca ya el resultado de la petición de UGT. Cuanto antes se sepa lo que ha dicho por el Comité mejor para todos», escribió en un post el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.