El Congreso se niega a parar la amnistía y pasa al PP la pelota de ir al Constitucional
MADRID. El Congreso de los Diputados se niega a parar la ley de amnistía y devuelve la pelota al Partido Popular en el Senado. La mesa de la Cámara Baja –que se reúne este martes a partir de las 10:00h– aprobará hoy un informe jurídico calificando de «improcedente» el conflicto de competencias entre las dos cámaras al que la Cámara Alta dio luz verde la semana pasada por la tramitación de la ley de amnistía.
Un documento que los letrados del Congreso han elaborado con una celeridad inesperada –tenían hasta el próximo 11 de mayo para agotar los plazos– y que acrecienta la tensión con el Senado dentro de su choque institucional sin precedentes. Los grupos parlamentarios con presencia en la mesa de la Cámara Baja lo recibieron en la jornada de ayer. «El Senado intenta subvertir las funciones que le asisten», reza un informe en el que se acusa a la Cámara Alta de llevar a cabo una «clara injerencia en el principio de autonomía parlamentaria».
El pleno del Senado aprobó la semana pasada —con 148 votos a favor (144 de los populares, tres de Vox y uno de Coalición Canaria), la abstención de UPN y el voto en contra del resto de la Cámara— plantear un conflicto de atribuciones entre ambas cámaras, una iniciativa que no se había producido nunca.
Y ahora, lejos de asumir ese choque inédito entre las dos cámaras legislativas, los servicios jurídicos de la Cámara Baja piden que se inste a la Cámara Alta a tramitar con normalidad el olvido legal del ‘procés’. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo debe ahora decidir, por lo tanto, si desiste en su intento de seguir poniendo trabas a la ley de amnistía por esta vía o acudir al Tribunal Constitucional.
Los populares dejaban días atrás la puerta abierta a hacer uso del tribunal de garantías, pero lo cierto es que fuentes populares aseguraban ayer a este periódico que la decisión todavía no está tomada. Génova
cree que la mayoría progresista del TC no dibuja un escenario idóneo para sus intereses en un eventual recurso y no desean recibir un nuevo varapalo.
No obstante, el Constitucional –en el caso de que el PP decida acudir a él para que ejerza de árbitro en este choque de competencias–, no debería entrar aún en el fondo de la constitucionalidad o no de la ley de amnistía. Para eso habrá que esperar a los recursos de inconstitucionalidad, una vez la norma esté aprobada de forma definitiva.
«El conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones, sino, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad», reza el documento con el que se responde a la ofensiva del principal partido de la oposición –que se apoya en varias sentencias del TC para sostener que la votación del pasado 14 de marzo en la que se aprobó la proposición de ley de amnistía fue «correcta»–.
El movimiento de los de Feijóo en el Senado se produjo, además, después de la redacción de dos dictámenes de la letrada mayor esa cámara, Sara Siera, y de los letrados, quienes denunciaron que la ley de amnistía no solo es inconstitucional, sino que es «una reforma encubierta de la Constitución» por lo que el Congreso habría incurrido en una «realización fraudulenta del procedimiento legislativo».
«Lealtad institucional»
Una horas antes de que se conociese el contenido del documento con el que el Congreso vuelve a pasar la pelota al PP, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, avanzaba que la Cámara Baja respondería desde la «lealtad institucional», evitando la «politización» del conflicto.
«Hemos recibido el requerimiento y desde el Congreso vamos a responder desde la lealtad institucional, desde el entendimiento que debe haber entre las cámaras, sin politización sino intentando mantener la institucionalizad para dar respuesta desde el rigor y siempre pensando en la ciudadanía», aseguraba la expresidenta de Baleares.