Admite abusos a 5 niñas en La Fueva y paga por adelantado la indemnización para rebajar la pena
La defensa plantea un acuerdo para dejarla en seis años de prisión, frente a los 30 que pedía la Fiscalía
HUESCA. Un vecino de La Fueva (Sobrarbe) de 58 años de edad, Joaquín E. S., admitió ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Huesca que abusó durante más de una década de cinco niñas de su entorno más cercano (vecinas, sobrinas o hijas de amigos), algunas con solo cinco años, a las que invitaba a dar una vuelta en su tractor o a ir a ver jabalíes en las noches de verano.
Además de la confesión, el acusado abonó antes del inicio del juicio una cantidad de 146.000 euros para hacer frente al pago de posibles indemnizaciones por daños morales a las cinco víctimas y beneficiarse con ello de la aplicación de una atenuante muy cualificada de reparación del daño, lo que podría conllevar una notable rebaja de la pena. Un caso similar, por ejemplo, al que se dio en el reciente juicio por agresión sexual de Dani Alves.
La Fiscalía sostiene que el acusado sometió entre 2005 y 2020 a la víctimas a actos atentatorios y de menoscabo de su integridad e indemnidad sexual con ánimo libidinoso. En su escrito de calificación provisional, tipifica los hechos como un delito continuado de agresión sexual con intimidación a menor y cinco más de abusos sexuales que suman penas de 30 años y tres meses.
Por el primero de ellos le pide 10 años de prisión (máxima pena contemplada para estos hechos en el Código Penal), además de la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 1.000 metros durante 15 años y de comunicarse con ella durante 16 años, así como una medida de libertad vigilada durante 10 años una vez cumpla su condena.
Por el resto de delitos, donde la horquilla va de dos a seis años de cárcel, la Fiscalía solicita penas de dos años y tres meses, tres años, cuatro años, cinco años y seis años, respectivamente, en función de la gravedad, además de otras medidas complementarias de alejamiento (entre 5 y 10 años) y de libertad vigilada posterior también entre 5 y 10 años.
Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama indemnizaciones para las cinco víctimas de entre 1.000 y 72.500 euros en concepto de daños morales.
La defensa, representada por Francisco García Berenguer, ha propuesto a las partes una condena de seis años y 15 días, al disminuir las penas en dos grados tras valorar la citada atenuante. Y aunque parece que el acuerdo podría estar cerca, habrá que esperar a que finalice hoy el juicio para ratificarlo. De ser así, Joaquín E. S. tendrá que ingresar en la cárcel, donde solo estuvo cinco meses tras su detención.
Piden 20 años de alejamiento Una de las acusaciones particulares, ejercida por Javier Osés, ha exigido que cualquier sentencia de conformidad pase también por la imposición al acusado de una orden de alejamiento de 20 años sobre las víctimas.
Los abusos se destaparon en 2021 a raíz del ingresó en el hospital de Barbastro de una de las víctimas con un grave cuadro de desnutrición. Fue derivada al Clínico de Zaragoza, donde existe una unidad especializada de trastornos alimentarios. Allí contó al equipo de psicólogos y de psiquiatras que había sufrido abusos por parte del acusado.
En la sesión de ayer, Joaquín E. S. admitió a preguntas de la fiscal que durante años abusó de cinco menores en su coche, en su casa, en su tractor o en su granja. En un caso, llegó a amenazar a la víctima con hacerle daño a su madre e incluso matarla si lo contaba o no le dejaba tocarla. Todo ello le ha dejado alteraciones psicológicas graves como secuela.
Además, confesó diversos episodios de tocamientos diarios a varias niñas en los veranos durante períodos prolongados de hasta siete años. Tres de las víctimas presentaron denuncia siendo ya mayores de edad tras saber por los medios de comunicación de que el hombre había ingresado en prisión por abusos.
En la primera sesión del juicio se reprodujo a puerta cerrada la declaración grabada de una de las víctimas y otras dos también testificaron sin público para proteger su intimidad. Hoy lo harán las dos víctimas restantes, además de los peritos del Instituto de Medicina Legal de Aragón que examinaron en su día a las denunciantes.