Un clásico

I Francisco Moreno

El domingo pasado escribí sobre la última sentencia del Tribunal de Luxemburgo, en la que avala la decisión del Gobierno Español de excluir al crédito público (seguridad social y agencia tributaria) del listado de créditos exonerables, y el disgusto que ello podía suponer para los afectados, limitando los efectos del BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho).

Pues bien, ha llegado el momento de la reconciliación, y nada mejor que con un clásico en esta sección. Me estoy refiriendo al tema de la cláusula de imposición de gastos en los préstamos hipotecarios. En su sentencia del pasado 25 de abril, el Tribunal Europeo, con una contundencia y concreción que otros la quisieran, ha reconocido que no se opone al derecho de la unión que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de tales gastos comience a correr en la fecha en que esa resolución haya adquirido firmeza, sin perjuicio de la facultad del profesional de probar que ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en cuestión antes de dictarse dicha resolución. Debo reconocer que no me lo esperaba.

La referida sentencia se dictó en el marco de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español. Habrá que esperar por tanto a la decisión de éste, y como aplica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, poco margen me temo que tiene. No pinta mal para los intereses de los consumidores. Por qué lo llaman amor cuando es puro interés.