Carlos III, el nuevo rey, les concedió el indulto, pero la lentitud de la burocracia del régimen absolutista impidió su aplicación inmediata

restituir a sus propietarios los bienes que les habían sido confiscados y vendidos en subasta. Mientras la situación empeoraba por momentos, el ministro del rey eludió su responsabilidad, culpando del caos generado a la gestión de sus subordinados.

La solución definitiva a los graves problemas humanitarios y sociales causados por la Prisión general ordenada contra los gitanos no llegó hasta pasados varios años.

Actuando con independencia de las órdenes llegadas desde la Corte, los arsenales liberaron a algunos grupos en 1763. Ese mismo año Carlos III, el nuevo rey, les concedió el indulto. Sin embargo, la lentitud de la burocracia del régimen absolutista impidió su aplicación inmediata. Hubo que esperar al 6 de julio de 1765, cuando la Secretaría de Marina emitió la orden de liberar inmediatamente a todos los gitanos que aún permanecían presos.

Sin embargo, en algunos lugares el indulto se demoró demasiado. El 16 de marzo de 1767 recobraron su libertad dos gitanos que hasta entonces habían trabajado en las obras de construcción del camino que atravesaba la Sierra del Guadarrama. No fueron los últimos. Algunos trabajadores forzosos de etnia gitana de los arsenales de Cádiz y Ferrol tuvieron que esperar hasta 1783, treinta y cuatro años después del inicio de La gran redada.

Del estudio de los documentos de aquella época se puede determinar el número aproximado de individuos que fueron apresados, cifra que rondaría las ocho mil personas, sin contar las que consiguieron escapar y aquellas que no fueron incluidas en los listados debido a la confusión de los primeros días. Por el contrario, es imposible determinar cuántos murieron al resistirse a la detención o durante su cautiverio.

La gran redada no puso punto final a la persecución de los gitanos en España. Cuando en 1772 se discutió la aprobación de una nueva legislación contra la población gitana, se hizo referencia a las medidas emprendidas contra ellos en 1749 durante el reinado de Fernando VI. Fue Carlos III quien ordenó que fuese retirada esa mención del texto, pues “… hace poco honor a la memoria de mi hermano”. A pesar de los esfuerzos de algunos gobernantes por esconder ciertos hechos, la vergüenza permanece imborrable en la memoria de los pueblos.