Diez años antes de mayo del 68
Los sucesos de febrero de 1956 en España
Cuando desde los ámbitos académicos, políticos o sociales se habla de movilizaciones estudiantiles, la ya mítica fecha del mayo del 68 francés –aunque no sólo hubo manifestaciones en Francia– es una fecha muy socorrida. Y más en su cincuenta aniversario. Sin embargo, en nuestro país, en el contexto de la dictadura franquista y de la lucha por las libertades democráticas, surgió a finales de los cincuenta un movimiento estudiantil que se convertiría en uno de los referentes de la oposición al franquismo. Analizamos sus claves.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del Eje, el franquismo intentó darse una fachada más “tolerable” para ganarse el apoyo de las potencias aliadas. En educación, se nombró como ministro de Educación a Joaquín Ruiz Giménez, que fue embajador de España en el Vaticano. Este ministro realizó diversos cambios en los rectores de la Universidad. Entre ellos, nombró a Pedro Laín Entralgo, catedrático de Historia de la Medicina, como rector de la Universidad de Madrid. Sin embargo, a pesar de los cambios realizados, los estudiantes comenzaban a estar molestos con la situación de la Universidad.
Dos fueron los informes que realizaron las autoridades del régimen franquista donde se reflejaba ese malestar de la juventud. Uno, elaborado en diciembre de 1955 por el rector de la Universidad de Madrid, llevaba por título Informe sobre la situación espiritual juvenil española. En él, Laín Entralgo señalaba que, aunque la mayoría de estudiantes eran indiferentes a los problemas políticos, había “una desviación con creciente rapidez de la ortodoxia católica y de los ideales que promovieron el Alzamiento Nacional del 18 de julio”. La desviación se debía a siete motivos fundamentales: la psicología del universitario y su papel en los movimientos sociales, siendo esta de mentalidad abierta y sensible; que los nuevos jóvenes que entraban a la Universidad no habían vivido la guerra de primera mano, pero sí habían sufrido sus consecuencias; la estrechez profesional de los jóvenes al salir de la Universidad, que no encontraban trabajo; la necesidad de los jóvenes de salir al extranjero; la escasa ejemplaridad de muchos sectores sociales para con los jóvenes, más preocupados por ganar dinero que por dar ejemplo a la juventud; las normas de censura que hacían que el horizonte intelectual de los españoles fuera muy corto; y el desprecio de los dirigentes sociales a los jóvenes, que o los veían como arquetipos según el ideario falangista o se les relegaba socialmente.
El otro informe, realizado por el profesor José Luis Pinillos para la Junta de Estudios Jurídicos, Sociales y Económicos del CSIC en octubre de 1955, daba datos más precisos de los problemas e inquietudes de los estudiantes. El análisis, hecho a través de una encuesta anónima a 206 universitarios de la Universidad Central de Madrid, presentaba unos datos muy esclarecedores: un 82 % de los estudiantes decían no tener confianza en las minorías rectorales que dirigían la Universidad, un 74 % consideraba a las jerarquías políticas de incompetencia, un 90 % consideraba incompetentes a los mandos militares, un 70 % consideraba nada acertada la política social de la Iglesia, un 67 % se consideraba una “generación sin maestros”. En conclusión, un 55 % de los universitarios estaba disconforme con la situación política, económica y cultural de aquel momento. LA OPOSICIÓN ANTIFRANQUISTA Todo este malestar lo quiso aprovechar la oposición antifranquista, que se estaba empezando a recomponer en la Universidad tras años de ostracismo. A finales de los cuarenta, varios estudiantes, entre ellos el famoso escritor Nicolás Sánchez Albornoz, intentaron reconstruir la antigua asociación republicana Federación Universitaria de Estudiantes. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que, en el año 1947, 14 estudiantes fueron detenidos por la Brigada Político Social, la policía política del franquismo, y condenados a años de prisión por la justicia militar.
Tras este intento fallido, la oposición, que se estaba regenerando, cambió su táctica. Comenzó a hacer trabajo interno en el SEU, mediante la elección de delegados de curso o secretarios de cultura en diferentes facultades por los jerarcas del sindicato. También realizaron charlas, conferencias y actos con los que atraer a
La oposición antifranquista se empezó a organizar en la Universidad y aprovechó el malestar de los estudiantes
El franquismo intentó apropiarse de la imagen de Ortega y la oposición realizó una manifestación laica hacia el cementerio
una masa estudiantil que quería conocer algo más que la doctrina nacional-católica.
En este contexto fue donde se creó el primero núcleo del PCE en la Universidad, después de la Guerra Civil, en el año 1954. Lo componían, entre otros, el vasco Enrique Múgica (estudiante de Derecho, cuyos padre había sido fusilado por los franquistas en San Sebastián), Julio Diamante (estudiante de Medicina y después de la Escuela de Cine) y Jesús López Pacheco (que había sido estudiante de Filosofía y Letras y era poeta y escritor). Su enlace con la organización era Jorge Semprún, miembro del Comité Central, cuyo nombre clandestino era Federico Sánchez. Este grupo, en el que después entrarían otros estudiantes como Javier Pradera (premio extraordinario en la facultad de Derecho, Cadete de la Escuela Jurídica del Aire, nieto del político carlista, fusilado por los republicanos, Víctor Pradera, y sobrino del vicesecretario de secciones del Movimiento) o Ramón Tamames (estudiante de Derecho y Ciencias Económicas), que fue el encargado de movilizar a los estudiantes contra el régimen en estos primeros años. “¡GIBRALTAR ESPAÑOL!” La primera manifestación contra el SEU realmente no fue contra ellos, sino que era una manifestación por el Gibraltar español, a raíz de la visita de la reina de Inglaterra al Peñón, el 22 de enero de 1954. Lo que se había convocado como una manifestación patriótica por el sindicato falangista, donde participaron miles de jóvenes, se convirtió en una movilización donde se gritaron consignas contra la dictadura y por la libertad de expresión. Y todo porque el embajador británico había llamado al Ministerio de Gobernación para pedir que cesaran la manifestación. En un momento en que la dictadura franquista quería dar buena imagen en el exterior, no se podían permitir aquel alboroto, por lo que la prohibieron. Sin embargo, el SEU no avisó de la prohibición y la policía cargó contra unos manifestantes perplejos, que pasaron de la indiferencia política a la indignación.
Para canalizar dicho malestar, los universitarios del PCE decidieron realizar un Congreso de Jóvenes Escritores en la Universidad de Madrid, donde se pudiera leer a poetas que estaban en el exilio y atraer a los estudiantes a la oposición. En un principio, dicho Congreso contó con el apoyo del Rector, que les dio un despacho en la Ciudad Universitaria y también del SEU, que participó en la coordinación del evento. También participó el escritor Dionisio Ridruejo, que había sido uno de los fundadores de Falange y había luchado en la División Azul.
Sin embargo, tanto la Universidad como el sindicato falangista dejaron de promocionar el Congreso tras la movilización que convocaron por la muerte del filósofo Ortega y Gasset, el 29 de octubre de 1955. El franquismo intentó apropiarse de su imagen y la oposición realizó una manifestación laica hacia el cementerio, con más de mil asistentes. Para el estudiante Julio Diamante fue “el primer acto masivo de estudiantes contra el régimen”. Se colgó una esquela sin cruz en la Universidad y se leyeron textos de Ortega donde se reivindicaba la libertad de expresión.
Tras esta suspensión, los estudiantes del PCE decidieron la convocatoria de un Congreso Nacional de Estudiantes,
donde intentarían crear una organización plenamente democrática para los estudiantes, ya que el SEU prohibía sus actos. LOS SUCESOS DE FEBRERO El 1 de febrero de 1956, los estudiantes que habían formado la oposición anti-SEU se reunieron en el club Tiempo Nuevo para promulgar el “manifiesto a los estudiantes madrileños”, donde se hacía un análisis de las dificultades de la juventud y los firmantes pedían la promulgación del Congreso estudiantil para solucionar sus problemas. A partir de aquel momento se sucedió una semana llena de acontecimientos que tendrían su punto culmen el 9 de febrero.
La oposición ya no la formaban solo militantes del PCE. También había antiguos miembros de la dictadura franquista que, con los años, comenzaron a hacer una crítica al régimen. Tal fue el caso del anteriormente mencionado Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas, hijo del fundador de Falange Rafael Sánchez Mazas, o José María Ruiz Gallardón, pasante de Ramón Serrano Suñer.
Tanto la oposición como el régimen movieron sus fichas para conseguir el apoyo de los estudiantes. La oposición se reunió con sectores del SEU contrarios a Franco, como los miembros de la asociación Primera Línea, falangistas contrarios al dictador, y pidieron firmas para su manifiesto, consiguiendo unas 1.500 entre los universitarios.
El SEU, presionado por los estudiantes, decidió convocar el 4 de febrero una Cámara Sindical en la Facultad de Derecho para recoger las opiniones de los alumnos. Asistieron 700 universitarios, que principalmente se dedicaron a abuchear al Sindicato y a pedir que hubiera elecciones libres para elegir a los cargos. Estas elecciones se celebraron en dicha Facultad el día 7; perdieron los candidatos oficiales. El SEU, apoyado por camisas azules de Falange, anunció la suspensión de los comicios.
La anulación provocó la ira de los estudiantes, que ese mismo día se manifestaron (hubo alrededor de 1.000). Intentaron una movilización
En la oposición también había antiguos miembros de la dictadura franquista, críticos ya con el régimen
En los altercados cayó herido un estudiante falangista. No se supo nunca quién había disparado
desde la Universidad Central, en la calle San Bernardo, hasta la Ciudad Universitaria. Sin embargo, grupos de falangistas impidieron que se movieran, y hubo reyertas y peleas dentro del recinto universitario. Se rompió una de las flechas del símbolo de Falange que estaba dentro de la Universidad y los falangistas, envalentonados porque se había profanado uno de sus símbolos, hicieron guardia al día siguiente: ya no sólo había militantes del sindicato falangista, sino miembros de la Guardia de Franco, camisas viejas de Falange.
El 9 de febrero se dio el gran enfrentamiento. Se celebraba el día del Estudiante Caído, en homenaje a Matías Montero, militante del SEU asesinado en 1934. Cuando acabaron los actos, un grupo de falangistas se fue a la Universidad de San Bernardo. En el cruce con la calle Guzmán el Bueno se encontraron con un grupo de estudiantes que había salido de la Universidad Central en protesta contra el SEU. Fue ese día, en ese momento, cuando la policía decidió actuar, cargando contra los manifestantes. En los altercados, cayó herido un estudiante falangista, Miguel Álvarez Pérez. No se supo nunca quién había disparado, aunque todo apunta a que fue un falangista, ya que algunos de ellos llevaban arma. LAS CONSECUENCIAS Estos acontecimientos sacudieron tanto a la dictadura franquista como a la oposición. Para los primeros, supuso una crisis importante de Gobierno. El mismo día 9 se suspendieron las clases y el día 10 fueron derogados los artículos número 14 (“Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional”) y 18 del Fuero de los Españoles (“Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en las formas que prescriben las Leyes. En el plazo de 72 horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial”) por un periodo de tres meses, mediante el estado de excepción. Los cargos políticos relacionados con la Universidad también sufrieron las consecuencias de los sucesos de febrero. El decano de Derecho, Torres López, fue cesado el 12, Laín dimitió de su puesto como rector, y el 16 fueron cesados el Ministro de Educación, Ruiz-Giménez, y el Secretario General del Movimiento, Fernández Cuesta.
Los detenidos fueron llevados a la cárcel de Carabanchel, donde pasaron entre quince días y tres meses
En la prensa del régimen se emprendió una campaña contra los estudiantes que se habían manifestado contra el SEU y, mientras Miguel Álvarez Pérez se debatía entre la vida y la muerte, los periódicos lo loaban como a un mártir. Los estudiantes de la oposición temían “que si moría Miguel Álvarez, se produjera una noche de cuchillos largos y nos asesinarán”, como recordaba Julio Diamante.
Miguel Álvarez finalmente sobrevivió, y no hubo noche de los cuchillos largos. Lo que sí hubo fueron detenciones por parte de la policía de los principales cabecillas de las movilizaciones contra el SEU. En dichas diligencias llegaron a participar policías como Roberto Conesa (que se haría famoso en los años de la Transición), Eduardo Comín Colomer (famoso por sus obras sobre masonería, anarquismo y comunismo) y Saturnino Yagüe, jefe de la BPS en Madrid.
Habían conseguido detener a la plana mayor del PCE en la Universidad. Sin embargo, en vez de suponer una victoria para el régimen, aquello fue más bien una bomba de relojería en sus manos. Porque no eran trabajadores o antiguos republicanos, con los que durante años se habían ensañado –sólo hay que recordar la muerte en dependencias policiales del socialista Tomás Centeno, allá por 1953–. Eran universitarios, la mayoría de ellos hijos, nietos o familiares de altos jerarcas del régimen franquista. Eran “hijos de vencedores” y caras conocidas de la dictadura como Ridruejo.
Aquellas detenciones tuvieron repercusión no sólo en la prensa clandestina (como en Mundo Obrero, periódico del PCE), sino también en la internacional, como en The New York Times. Si les tocaban, la repercusión internacional, en un momento en el que el franquismo quería abrirse al mundo, podía ser muy grave. Incluso entre los detenidos había un policía, Juan Lamberto Gómez Perales, a quien habían encargado vigilar las actividades de la oposición del exilio en Francia y que conocía a otro de los detenidos, Antonio López Campillo, y le había ofrecido pasarle información policial.
De ahí que en los interrogatorios los estudiantes no fueran golpeados en ningún momento. Así lo recuerdan la mayoría de testigos, como Javier Pradera o Julio Diamante. Sin embargo, sí que sufrieron vejaciones: pasaron más de diez días en dependencias policiales, cuando la ley únicamente permitía 72 horas. Pero el estado de excepción permitió que se les mantuviera el tiempo que quisieran los policías.
Sin embargo, no consiguieron nada en los interrogatorios. Los detenidos fueron llevados a la cárcel de Carabanchel, donde pasaron entre quince días y tres meses según los casos, hasta el fin del estado de excepción. En la cárcel crearon una especie de Universidad Libre, donde aquellos jóvenes daban charlas sobre diferentes cuestiones (economía, filosofía, política, etc.). La causa por los sucesos del 56 quedó sobreseída dos años después, sin que ninguno de los acusados fuera mandando a prisión, un duro golpe para los policías que los habían detenido. La oposición, sobre todo la del PCE, lo vio como una victoria que se reflejó en su nueva política de “reconciliación nacional”.