LA LLAVE DEL P ODER
La financiación electoral en Estados Unidos sale actualmente de los bolsillos privados. ¿Cómo se llegó a esa situación y qué se ha hecho para regularla?
Uno de los aspectos de la política estadounidense que más llaman la atención es su inseparable vínculo con el dinero. Aunque parezca de conveniencia, este matrimonio se explica por el carácter eminentemente privado de la financiación electoral, un sistema que hunde sus raíces en la tradición constitucional del país. Valores como la soberanía popular y los derechos individuales sustentan una cultura de la libertad de expresión aplicable no solo a la elección de los candidatos en las primarias y la votación f inal, sino también al sufragio de sus campañas. Habrá quien considere este maximalismo una perversión democrática, puesto que los ciudadanos no tienen la misma capacidad económica. Los políticos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, admiten disfunciones en el sistema, pero jamás han cuestionado su esencia, y lo ven, sencillamente, como un marco mejorable. De hecho, el objetivo de las iniciativas legislativas en esta materia ha sido limitar la inf luencia de las grandes fortunas y el dinero corporativo en las elecciones, su principal problema.
Derrota de lo público
La primera reforma de calado no llegó hasta 1907, con la prohibición de las donaciones de empresas y bancos a las campañas al Congreso (Cámara de Representantes y Senado) y la presidencia. Tres años después, se aprobaría una ley de transparencia y límite de gasto con el fin de poner coto a la corrupción y los escándalos, y en 1943 se prohibieron las contribuciones de los sindicatos. Sin embargo, debido a la ausencia de mecanismos efectivos de control y los resquicios legales, estas medidas quedaron en agua de borrajas. Hubo que esperar a los años setenta para ver una auténtica reforma. Incluyó una normativa más estricta, el refuerzo de la transparencia y la creación
SE HA INTENTADO LIMITAR LA INFLUENCIA ELECTORAL DE LAS GRANDES FORTUNAS Y EL DINERO CORPORATIVO
de la agencia que vela por su cumplimiento, la Comisión Electoral Federal, en 1974, tras las irregularidades de la campaña de reelección de Richard Nixon. También por primera vez se implantaron las subvenciones públicas, pero circunscritas a las elecciones presidenciales. Para colmo, estas ayudas económicas están condicionadas a un límite de gasto y a la renuncia a la financiación privada, hoy infinitamente más jugosa, lo que las ha dejado obsoletas. Y muertas. Barack Obama las rechazó en 2008 (habría obtenido 84 millones de dólares frente a los 745 que recaudó por cauces privados) y ha vuelto a hacerlo este año, un golpe de gracia al que se ha sumado su rival republicano, Mitt Romney. Todo hay que decirlo, son los vot antes quienes voluntariamente destinan tres dólares de sus impuestos a esos fondos, y la crisis económica todavía colea.