Relato genuinamente americano
ESCÁNDALOS, CORRUPCIÓN, RESQUICIOS LEGALES Y REVESES JUDICIALES JALONAN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN ELECTORAL NORTEAMERICANO.
Con financiación pública o sin ella, el coste de cualquier campaña, ya sea local, estatal o nacional, es tan exorbitante que candidatos y partidos, por sí solos, no pueden permitírselo. En un país tan extenso y poblado, donde en 2008 acudieron a las urnas 130 millones de personas, la clave no es tanto el mensaje como hacerlo llegar al mayor número posible de votantes. No es una observación cínica. Organización y personal de la campaña, convenciones, caravanas, mítines, actividades de comunicación, recaudación de fondos y captación de voto a todos los niveles, desde la comunidad más pequeña hasta las redes sociales, y, sobre todo, los anuncios en los medios conforman una maquinaria elec- toral de vértigo cuyas necesidades de financiación justifican las donaciones.
Maraña de intereses
La regulación de éstas es tan complicada que raya en el absurdo. Las contribucio-
EL DINERO QUE SE MUEVE ES TAL QUE SERÍA INGENUO PENSAR QUE NO INCIDE EN EL RESULTADO ELECTORAL
nes directas a las campañas son ilimitadas por parte de los propios candidatos. Y, aunque tienen un tope para ciudadanos (2.500 dólares) y partidos (comité nacional y estatal, y distrital y local combinados, 5.000 en ambos casos), existe un coladero: los comités de acción políti- ca, o PAC. Empresas y sindicatos no pueden dar dinero a las campañas, pero sí sus miembros a través de estos PAC. También los partidos, políticos y grupos ideológicos. Todos deben revelar la identidad de sus donantes, pueden recaudar hasta 5.000 dólares por persona y año, contribuir a las campañas con esa misma cantidad como máximo y ayudarse entre sí. El secreto de su éxito radica en que son muchos: casi cuatro mil seiscientos en 2009. Las donaciones indirectas, por su parte, van dirigidas a los partidos, que las desti-
nan a actividades a favor o en contra de los candidatos, pero fuera de sus campañas, como encuestas, gastos administrativos o viajes. Son ilimitadas en el caso de los comités de los partidos y sus PAC, pero no han de exceder los 30.800 dólares si proceden de los ciudadanos y el resto de PAC. Es en el ámbito de las plataformas no reguladas y, por tanto, sin límite de recaudación o gasto, donde se juega la liga financiera de primera división. Se trata, por un lado, de entidades sin ánimo de lucro y, por otro, de organizaciones políticas en teoría independientes, entre ellas los Super PAC. No pueden financiar campañas ni partidos, pero sí, y he aquí una de las facetas más distintivas de la democracia estadounidense, propaganda política mediante buzoneo y anuncios que defienden o atacan a los candidatos sin pedir directamente el voto. Las entidades civiles y los Super PAC, además, no están obligados a dar cuenta de quién y cuánto contribuye a sus arcas.
Poderoso caballero
Es tal el dinero que mueven estos grupos de interés (el 56% de los 2.400 millones de dólares gastados en las presidenciales de 2008) que sería ingenuo pensar que no incide en los resultados electorales. En cuanto al respaldo económico directo que obtienen los candidatos, las cifras cantan. En las elecciones a la Cámara de Representantes y el Senado de 2010, los ganadores gastaron una media de 1,5 y 9,8 millones de dólares, respectivamente. Los perdedores, 0,7 y 6,5. En las presidenciales de 2008, Obama gastó 730 millones y John McCain un total de 333. No extraña, por tanto, que a ambos lados del Atlántico pensemos que en Estados Unidos el dinero da el poder. ¿Se confirmará esta lógica el 6 de noviembre? Por lo pronto, la campaña lleva camino de ser la más cara de la historia. Según datos de la Comisión Electoral Federal, en septiembre Obama había recaudado 348 millones y Romney, 193, pero este último lleva ventaja en el apoyo de los Super PAC, más numerosos y con más fondos en el campo republicano.
Infames, pero deseados
Son precisamente los Super PAC las estrellas indiscutibles de estos comicios. Surgieron en 2010 a raíz de un fallo del Tribunal Supremo que tumbó parcialmente una ley consensuada por McCain y el demócrata Russ Feingold ocho años antes. El texto limitaba la recaudación y el gasto que empresas, sindicatos y otros grupos de interés podían realizar con fines políticos y por iniciativa propia, no coordinada con las campañas. El Supremo anuló esa restricción argumentando que vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución, la que consagra la libertad de expresión, equiparando así los derechos corporativos a los individuales. Desde entonces, la importancia de los Super PAC no ha dejado de crecer, hasta el punto de que han cambiado las reglas del juego, al quitarles peso a los partidos. Obama criticó duramente la decisión del Supremo. También McCain, que en marzo pasado resumía por qué es poco probable una vuelta al statu quo anterior: “La mayoría de los republicanos se opondrían, ya que el partido se está benef iciando, y muchos demócratas no están por la labor”. Jen Psaki, la portavoz de la campaña de Obama, le dio la razón hace poco: “Llevamos meses animando a nuestros simpatizantes a dar dinero a los Super PAC. No vamos a ir con cuchillos a un tiroteo”.