LAS CUNETAS DEL FRANQUISMO
El estreno a mediados de noviembre del premiado documental El silencio de otros nos da pie para hablar sobre los intentos de las víctimas de la dictadura franquista de llevar sus casos ante los tribunales.
Se calcula que existen unos ciento cincuenta mil desaparecidos víctimas de la represión franquista. Hace diez años, cuando el juez Baltasar Garzón abrió una causa contra los crímenes del franquismo, se contabilizaron 143.353 desaparecidos. Hoy son muchos más. Uno de ellos fue Emilio Silva Faba, un tendero republicano que fue fusilado a las afueras de Priaranza del Bierzo (León) por un grupo de falangistas y enterrado en una fosa común. En 2000, su nieto, el periodista Emilio Silva Barrera, localizó sus restos y consiguió exhumarlos. Junto a ellos aparecieron los cadáveres de otros doce fusilados. La exhumación de esta fosa, la primera de la Guerra Civil realizada con técnicas arqueológicas y forenses, marcó un antes y un después en la lucha por la recuperación de los desaparecidos durante la contienda y la dictadura militar. A partir de este hallazgo se creó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una organización dedicada a localizar y recuperar los restos de las víctimas de la represión franquista. Durante los siguientes años, se crearon muchas más.
Ley de Memoria Histórica
Este movimiento, que abrió un debate en la sociedad española y puso en tela de juicio la ley de Amnistía de 1977 (que impide la investigación a cargos franquistas), fue clave para que el 22 de junio de 2006 se aprobara en el Congreso de los Diputados una ley “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”. La ley de Memoria Histórica, como se conoció, declaraba ilegítimos los juicios franquistas, facilitaba las tareas de localización, identificación y exhumación de los desaparecidos, mejoraba las ayudas existentes a las víctimas de la dictadura, instaba a las administraciones a la retirada de los símbolos del franquismo y prohibía su exaltación en el Valle de los Caídos. Impulsadas por esta ley, varias asociaciones presentaron en 2006 una querella contra los crímenes del franquismo. Dos años después, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó al gobierno un censo de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura. No existía. Fueron los familiares de las víctimas quienes elaboraron una primera lista: la mencionada de los 143.353 desaparecidos. El 16 de octubre de 2008, Garzón abrió la causa contra el franquismo por crímenes contra la humanidad. No llegó muy lejos. Un mes después, presionado por la Fiscalía General del Estado, que consideraba que la Audiencia Nacional no era competente en este caso, el juez declaró extinguida la causa por el fallecimiento de los acusados y se inhibió a favor de los juzgados territoriales donde aparecieron las fosas.
La querella argentina
En 2009, Garzón fue acusado de prevaricación por varias organizaciones de extrema derecha: Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. El juicio, celebrado en 2012, tuvo una consecuencia inesperada: permitió que por primera vez se escucharan en un tribunal los testimonios de las víctimas del franquismo, que habían acudido en calidad de testigos. Aunque Garzón fue absuelto, semanas antes había sido condenado a once años de inhabilitación por prevaricación en el caso de las escuchas ilegales del caso Gürtel. Las asociaciones de la memoria histórica tuvieron que buscar otro camino, y lo encontraron en Argentina. Como hizo Garzón en Chile (abriendo la causa contra Augusto Pinochet) y Argentina (contra exmilitares de la dictadura), la jueza María Servini abrió una causa contra los crímenes del franquismo tras la querella presentada en 2010 por varias víctimas del régimen, entre ellas, presos políticos que sufrieron torturas y las madres
de algunos de los 30.000 niños que se calcula fueron robados. Entre 2013 y 2014 se realizaron varias imputaciones y se dictaron órdenes de detención internacional contra antiguos dirigentes y policías del régimen de Franco, algunos tan renombrados como el exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, denunciado por los “Sucesos de Vitoria” (la muerte de cinco trabajadores en 1976 tras una carga policial), y el condecorado policía de la Brigada Político-social Antonio González Pacheco, apodado “Billy el Niño”, acusado de torturas. El gobierno español se opuso alegando que la ley de Amnistía de 1977 no permitía juzgarles. En 2018 se intentó reformar esa ley a iniciativa de varios partidos políticos. Fue rechazada por los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos.