Un mal menor
El divorcio se encuentra tan normalizado en nuestra sociedad que se hace difícil imaginar la polémica que suscitó su aprobación hace ahora cuarenta años.
¿Cómo reaccionó la Iglesia española ante la Ley del Divorcio de 1981?
En España, los matrimonios españoles tuvieron que esperar a 1932 para poner fin a una convivencia fallida. Sin embargo, la caída de la República supuso un abrupto fin para este nuevo estado de cosas. El régimen del general Franco no solo prohibió el divorcio, también declaró inválidos todos los que se habían producido hasta entonces. A partir de aquí, las parejas lo tuvieron muy difícil para romper con arreglo a las leyes. Solo existía una posibilidad: que un tribunal eclesiástico declarara nula su unión. Sin embargo, en los años setenta, con la transición democrática, empezó a plantearse la necesidad de una legislación más apropiada para los nuevos tiempos. Desde la izquierda, el PSOE y el PCE exigieron que se facilitara la ruptura conyugal. En 1980, el ministro de Justicia, Íñigo Cavero, de la centrista UCD, presentó en el Congreso un proyecto de ley en el que se reconocía el derecho al divorcio, aunque se establecían muchos obstáculos para obtenerlo. La Conferencia Episcopal, aunque consideraba un mal la disolución de los vínculos matrimoniales, no expresó una resistencia abierta, tal como ha señalado el historiador Pablo Martín de Santa Olalla en un artículo académico.
Escoger el mal menor
Los obispos preferían un cambio elaborado por centristas que uno mucho más radical patrocinado por las fuerzas progresistas. Es cierto que tenían poderosas razones doctrinales para oponerse a la reforma, pero dentro de la tradición católica también se contemplaba la posibilidad de aceptar un mal si así se evitaba uno mayor. En aquella democracia naciente y todavía débil, la mayoría de la jerarquía eclesiástica, bajo el liderazgo del cardenal Tarancón, no deseaba desestabilizar el sistema con una oposición férrea. Existía, sin embargo, un sector minoritario en el episcopado, en el que destacaban el cardenal primado de Toledo, Marcelo González, y el obispo de Cuenca, José Guerra Campos. Para ellos, la Iglesia no podía aceptar el divorcio sin traicionar el Evangelio. Todo se complicó por las divisiones internas dentro de la UCD, en la que pugnaban democristianos y socialdemócratas. El líder de estos últimos, Francisco Fernández Ordoñez, se convirtió en el nuevo titular de Justicia, y procedió a una reelaboración del proyecto de Cavero para agilizar los trámites previstos. Los obispos se sintieron entonces traicionados. En aquellos momentos, todo el mundo daba por seguro que habría una regulación del divorcio. La cuestión no era esa, sino establecer las condiciones concretas en las que se podría disolver un matrimonio. De forma irónica, la aprobación de la ley tuvo lugar el 22 de junio de 1981, el mismo día en que se celebraban las festividades de Tomás Moro y John Fisher, dos santos que se habían manifestado contra la separación de Enrique VIII y Catalina de Aragón.