INTERVENCIONISMO Y MERCADOS

MÁS impuestos para financiar las pensiones y las autonomías, pero que autónomos, pymes y trabajadores estén tranquilos porque la intención del gobierno es que paguen las grandes corporaciones, los bancos y las tecnológicas. A pesar de ello, mejor no fiarse porque lo más probable es que terminen pagando los ahorradores. Especialmente los pequeños, es decir, los que conservan su patrimonio financiero en el país. También se regulan los alquileres en previsión de una posible burbuja y se anuncian medidas laborales para frenar la desigualdad.

Desgraciadamente no queda tiempo para los grandes problemas financieros (endeudamiento púbico y financiación de las autonomías), ni tampoco se explican los planes en materia de empleo. Se mantiene la incógnita sobre la alternativa socialista a la denostada reforma laboral, aunque se suspende su derogación, pero se anuncian nuevos objetivos de déficit que permitirán evitar nuevos recortes de gasto público y, con ello, estimular el crecimiento y el empleo.

Pobre planteamiento, porque nunca en el pasado el aumento del gasto público tuvo una reper- cusión significativa y duradera sobre el empleo. Se aparcan las iniciativas reformadoras, pero, como en la etapa de Zapatero, se advierte una marcada predisposición a intervenir en la economía. Una loable iniciativa que, es de suponer, persigue corregir la desigualdad consentida por los anteriores gobiernos populares a la acción inmisericorde de los mercados, pero que no puede evitar el paralelismo con similares afanes intervencionistas en Estados Unidos y otras partes del mundo. El fundamento es simple: los gobiernos creen que lo pueden hacer mejor que los mercados; y puede que tengan razón, pero también tiene muchos riesgos.

Intervenir un mercado no significa eliminarlo o sustituirlo. Tan sólo se interfiere en su funcionamiento con el fin, por ejemplo, de una distribución más equitativa de los beneficios. Lo normal es que se pierda eficiencia y se reduzca el volumen de beneficios a distribuir, pero este es un coste habitualmente considerado como asumible, especialmente en mercados tan particulares como el sanitario, el educativo o el suministro de agua o electricidad. La intervención puede desembocar en la prohibición completa de transacciones (drogas, armas u órganos); o en simples medidas de protección para impedir, por ejemplo, que los competidores más fuertes expulsen de los mercados a los más débiles o inexpertos. En todo caso, cuando el intervencionismo permite que las condiciones de participación nos sean las mismas para todos, es cuando se pierde la pista de sus consecuencias.

El aumento de la burocracia y de los costes de transacción permite la aparición de privilegios y provoca que la corrupción resulte más probable en las economías más reguladas. Hay organizaciones empeñadas en demostrar que existe una relación estrecha e inversa entre intervencionismo y bienestar social ( Institute for Economic Freedom) y posiblemente tengan razón. En todo caso, parece evidente que si un gobierno quiere intervenir en la economía y minimizar sus inconvenientes, debería previamente asegurar un entorno de transparencia y calidad democrática.