PERMITÁMONOS SER OPTIMISTAS
ALREDEDOR de 130.000 niños y niñas andaluces han salido de la franja de riesgo de pobreza y exclusión social. Son datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje de menores de 18 años de nuestra comunidad autónoma que se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social se situaba en el 46,9%, en 2016 (tasa Arope). Los nuevos datos reflejan una importante mejoría, descendiendo hasta el 38,7%. A nivel nacional también se ha producido una reducción del 33% al 31,3%, si bien Andalucía experimenta un descenso mayor que la media nacional.
Ojalá esto signifique que estamos dejando atrás definitivamente las cifras de los últimos años, marcadas por el fuerte impacto de los recortes presupuestarios en las políticas sociales. Todos debemos alegrarnos de datos tan positivos que parecen confirmar la tendencia de mejora iniciada el año anterior. Andalucía “escala” puestos en el ranking de pobreza infantil, adelantando a comunidades autónomas como Murcia o Castilla-La Mancha. Sin embargo, no debemos bajar la guardia: 625.000 niños y niñas se mantienen en la zona de riesgo. Los más afectados son los que pertenecen a hogares de familias numerosas, familias monoparentales o familias con padres de origen inmigrante.
Aun celebrando este cambio de tendencia, no podemos tolerar que 4 de cada 10 niños andaluces sigan estando en riesgo de pobreza o exclusión, cifras incomprensibles para una comunidad autónoma que forma parte de una de las 20 economías más importantes del mundo.
Aunque los índices de pobreza y exclusión social mejoren, no sucede lo mismo con los relacionados con las desigualdades que afectan a nuestra infancia. Aquí los datos son reveladores, manteniéndose prácticamente sin variación de un año a otro. En 2016, en Andalucía, la población infantil más rica tenía 7,9 veces más riqueza que la más pobre; en 2017, 8 veces más.
Si la desigualdad persiste, esto significa que las actuaciones que hayan podido influir para mejorar los indicadores relacionados con las condiciones de pobreza y exclusión, no están siendo eficaces para disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres. El II Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía presentado este junio, evidencia que la desigualdad territorial en An- dalucía no viene marcada tanto por la presencia de focos de mucha riqueza, sino por la existencia de barrios muy marginales, los más desfavorecidos de toda España.
Atendiendo a la población infantil más vulnerable, no podemos olvidar a los niños menores de edad que llegan a nuestro país huyendo de la violencia, los abusos, la explotación y, cada vez más, la trata. Unos 2.000 menores extranjeros no acompañados han llegado a las costas andaluzas en lo que llevamos de año. Niños triplemente vulnerables, por ser menores de edad, por el desarraigo que arrastran y por estar solos. Debe primar el interés superior del niño, por encima de su condición de extranjero, en todos los procedimientos y actuaciones que les afectan.
Desde Unicef nos sumamos a las voces que reclaman que la atención y acogida de las personas que llegan a nuestras costas, debe responder a una política del Estado que articule un inequívoco sistema de corresponsabilidad y solidaridad entre las comunidades autónomas. Debemos proporcionar la respuesta que estos niños necesitan, y es cuestión clave reducir el tiempo que transcurre desde que pisan suelo español hasta que llegan a una residencia o a una familia de acogimiento.
Por último, pero no menos importante, hablemos de presupuestos, del incremento y la mejora de la calidad de las inversiones públicas en la infancia para el mejor ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en este camino el BOE del pasado sábado 30 de junio nos traía otra buena noticia: entre las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2019, se incluye la obligatoriedad de elaborar un informe previo de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia, acompañando al anteproyecto de ley de presupuestos.
El año pasado Unicef Comité Andalucía defendió esta y otras demandas ante la comisión parlamentaria de Hacienda, aunque sin éxito. Esperamos y deseamos que nuestra comunidad autónoma no tarde mucho en seguir el ejemplo que a nivel estatal ha implantado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Si estamos de acuerdo en que la infancia debe ser una prioridad, establezcamos los acuerdos y las medidas necesarias para asegurarnos de que nos estamos dotando de recursos suficientes, y sobre todo eficaces, para cumplir los derechos de toda nuestra infancia, especialmente la más vulnerable.
Alrededor de 130.000 niños y niñas andaluces han salido de la franja de riesgo de pobreza y exclusión social, según datos de 2017 del Instituto Nacional de Estadística