Veto a 1.615 delincuentes para trabajar con menores
El registro de condenados por agresión, abuso y acoso sexual les impide ejercer una actividad con niños
El Registro Central de Delincuentes Sexuales impidió el año pasado que 505 personas condenadas por delitos de ese tipo pudieran trabajar o ejercer una actividad con menores, cifra que se suma a los 1.110 casos que frenó entre 2016, cuando entró en vigor, y 2017. Según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, a lo largo de 2018 el Registro emitió 1.994.375 certificados y en 505 casos, el 0,03% del total, el resultado fue positivo, es decir, la persona estaba inscrita por una condena firme por delitos sexuales.
Presentar un certificado que pruebe que no se está en esa base de datos, según se estableció en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, es necesario para acceder a puestos de trabajo que impliquen un contacto habitual con menores, como profesores, monitores, entrenadores, personal de comedores o conductores de autobuses escolares,
A 31 de diciembre de 2018, el Registro recogía la identidad y el perfil genético (el ADN) de 45.864 personas, 5.082 más que el día en el que se activó, en mar- zo de 2016. En él están inscritos los condenados por agresión, abuso y acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.
El punto más controvertido es la dificultad de borrar una inscripción, ya que cuando la víctima del delito fue menor de edad y el condenado mayor sólo pueden cancelarse los datos cuando hayan transcurrido treinta años, a contar desde el día en el que se considere cumplida le pena.
El año pasado, la mayoría de los certificados (cerca de 950.000) se solicitaron a través de la Plataforma Intermediación de Datos, mientras que más de medio millón de personas recurrieron a la sede electrónica de Justicia y más de 400.000 acudieron personalmente a las gerencias territoriales del Ministerio o a otros organismos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 96,4% de los 2.549 condenados por delitos sexuales en 2017 –últimas cifras oficiales analizadas– fueron hombres.Andalucía, con 8.688, lidera el ranking de condenados por autonomías, seguida por Cataluña (7.130).