La Junta sólo ha recuperado el 40% de los empleos públicos destruidos por la crisis
● Andalucía es la quinta región que ha creado menos puestos en su administración desde 2013 ● En el sector educativo hay 3.510 trabajadores más, frente a los 4.717 que faltan en el sanitario
La diversidad del modelo autonómico es tal que, en la comunidad con menos personas trabajando en la Administración regional –La Rioja– hay menos empleados públicos que trabajadores del sector de la enseñanza ejercen su oficio en una provincia medianamente poblada como Granada. Son 10.833 los funcionarios y laborales riojanos, frente a los 11.963 profesionales de la educación que hay en Granada. El dato también da pistas de la dimensión de Andalucía, que es, de lejos, la comunidad cuya Administración tiene más empleados públicos del país. En total son 241.775, pero este número ha sufrido llamativos vaivenes en los últimos años, con una crisis que se cebó con el sector público. La muestra es que, a nivel de la Administración regional, Andalucía sólo ha recuperado el 40% de los empleos destruidos en el periodo más duro de la gran recesión, es decir, entre 2007 y 2013.
Estos datos colocan a Andalucía como una de las cuatro regiones que no ha recuperado todavía el número de trabajadores públicos previo a la crisis. La comunidad comparte esta circunstancia con otras tres: la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Según el boletín del Registro de Personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública, La Administración andaluza perdió 16.275 trabajadores entre enero de 2007 y julio de 2013, un 6,2% de la masa laboral. Desde ese momento hasta enero de 2019, el número de puestos de trabajo ha aumentado en 6.433, un 2,7%. Este periodo coincide de forma casi íntegra con el tiempo que Susana Díaz ha dirigido la Junta de Andalucía. La ex presidenta socialista llegó a San Telmo en septiembre de 2013 y lo abandonó en enero de 2019, tras la debacle del PSOE en las elecciones del 2 de diciembre.
Andalucía no ha recuperado el empleo público previo a la crisis por dos razones. La primera es que fue la región que más trabajo destruyó entre 2007 y 2013. La segunda es que la recuperación ha sido muy discreta. Es el quinto territorio con menor creación de empleo público entre 2013 y 2019, sólo con mejores registros que Galicia y Castilla y León –que han reducido el número de trabajadores–, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La diversidad también es notoria entre las provincias. Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga y Huelva están por encima de la media de crecimiento regional en el último lustro, mientras que Sevilla y Granada están algo por debajo y Córdoba –0,06% más– y Jaén –que destruye el 1,49%– empeoran el dato de empleo.
A nivel interno, destacan también las diferencias entre sectores. Si la situación actual se compara con 2013, el crecimiento es generalizado. Hay más trabajadores en las consejerías y sus organismos adscritos –sin incluir a los 27.000 de la administración paralela–, en la enseñanza, en la sanidad y en la administración de Justicia. Res
Jaén es la única provincia en la que se ha destruido empleo público desde 2013
pecto a 2007, la reducción en las consejerías ha sido drástica, puesto que hay 7.680 empleados menos doce años después. En la administración de Justicia se ha experimentado un aumento discreto, pero lo más llamativo es la diferencia en sanidad y educación.
En la enseñanza no universitaria andaluza hay hoy 3.510 profesionales más que en 2007, mientas que en el SAS y el resto de entidades relacionadas con la salud pública faltan todavía 4.717 empleados respecto a las plantillas de 2007, las más numerosas desde que hay registros. No obstante, las 108.525 personas que trabajan en la actualidad en el sector educativo son todavía 7.042 menos que las que había en 2012, cuando se alcanzó el máximo en ese ámbito. Los motivos están, principalmente, en las restricciones a la tasa de reposición que aplicó el Gobierno central durante los años más duros de la crisis, incluso en los denominados servicios públicos esenciales. La situación, unida al despido de interinos, provocó una pérdida de empleo público que todavía no se ha podido paliar. Ni siquiera con las ofertas de empleo público masivas que se han puesto ya en marcha.