Sólo el 0,8% de las viviendas edificadas en Andalucía en 2018 eran protegidas
● La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio elabora una orden para unificar la calificación de las VPO con la concesión de la licencia de obra municipal
En Andalucía se edificaron 9.656 viviendas en 2018. Son muchas menos que en plena burbuja inmobiliaria, pero la construcción vuelve a tirar, al menos de momento, de la economía regional. Sólo 86 de esos pisos eran de protección oficial, es decir, tenían un precio de compra fijado por la Administración para facilitar el derecho a la vivienda de los ciudadanos. El número es raquítico, aunque mejora algo el dato de 2017. Según registró el Instituto de Estadística y Cartografía, hace dos años fueron sólo 13 las viviendas protegidas del total de 7.445 construidas, un 0,17% frente al 0,89% de 2018.
A principios de agosto, el Banco de España hizo público un informe que constata una sensación generalizada. El precio del alquiler de las viviendas lleva años subiendo a un ritmo superior al de los sueldos de los españoles. Un 50% en sólo cinco años, según el mencionado documento. Por su parte, el INE hizo público en junio el dato sobre crecimiento del precio de las viviendas en el primer trimestre de 2019. Un 6,8% más que en el mismo periodo de 2018, impulsado por el auge de la venta de viviendas nuevas, como las 9.656 que se construyeron el año pasado en Andalucía.
En este contexto, y con escuálidos números en la construcción de vivienda protegida, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio está elaborando una orden para fomentar la edificación de VPO en Andalucía. El departamento que dirige la popular Marifrán Carazo pretende simplificar las gestiones que deben llevar a cabo los promotores de vivienda para apostar por aquellas con el precio regulado. “Actualmente se rigen por una orden cuyos requisitos de diseño se remontan a cerca de medio siglo”, apuntan desde Fomento. Concretamente, la normativa andaluza de 2008 bebe de una orden ministerial de 1969, que fue posteriormente reformada en 1976 y1977.
El afán simplificador del Gobierno bipartito de PP y Cs llega con esta reforma a la política de vivienda protegida, convencidos de que “un concepto más flexible y con menos cargas” facilitará la promoción de viviendas protegidas. El objetivo es que la tramitación necesaria para edificar una VPO sea similar al que hay que seguir para promover cualquier otro tipo de vivienda. Para lograrlo, la orden de Fomento propone la unificación de dos procesos que, en la actualidad se hacen de forma separada: la calificación provisional como vivienda protegida –donde figura el régimen jurídico y el precio– y la licencia municipal de obras. También pretende unir la concesión de la calificación definitiva y la licencia de ocupación del piso, una vez la obra ha terminado.
“No se puede regular la vivienda protegida con una norma tan rígida como la actual”, apunta la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, quien reconoce que las condiciones de vida de la sociedad se han transformado por completo”. Martínez, ex diputada en el Parlamento regional, apunta a “anacronismos” vigentes en la norma actual, como la “definición de superficies mínimas de dormitorios o pilas para lavar”. La dirigente popular también alude también a otras fórmulas para construir vivienda pública con modelos actuales como “los cohousing o lofts” pensados para jóvenes. Otros parámetros como la calidad y la seguridad de los edificios están determinados por el Código Técnico de la Edificación, que es de obligado cumplimiento para todo tipo de viviendas.