La Fiscalía rebaja a la mitad la pena por el apuñalamiento de Punta
El acusado permanecerá en prisión hasta que se conozca el fallo judicial
Visto para sentencia el juicio contra Fernando C.M., Mikel C.M. y Manuel P.V. por el altercado del 7 de agosto en el que resultaron heridos seis policías locales de Punta Umbría, entre ellos el jefe del Cuerpo, apuñalado por el primero. Los tres asumieron los hechos que se les imputan en la mañana de ayer ante el magistrado José Manuel Balerdi.
El único que está en prisión preventiva, Fernando C.M., llegó en el furgón de la Policía Nacional al Palacio de Justicia a las 9:53. Una decena de agentes lo custodiaban para evitar cualquier tipo de incidencia. Entró a la sede judicial volviendo la cara a la prensa.
La vista oral estaba fijada para las 10:10, pero no comenzó hasta las 11:13. En la cuarta planta del edificio judicial decenas de policías departían con las víctimas del altercado antes del inicio del plenario. Mientras, los familiares de los acusados que están en libertad compartían con ellos los momentos previos en una sala de espera aledaña.
“ME ARREPIENTO”
El titular del Juzgado de lo Penal 2 de Huelva, José Manuel Balerdi (que ayer ejercía como sustituto de Francisco Ramírez Herves, del Penal 1), permitió que la prensa grabara el inicio de la sesión.
En primera instancia preguntó al vendedor ambulante Mikel C.M. si reconocía los hechos: “Sí”. Luego este acusado trasladó la pregunta a su hermano Fernando, que padece sordera. No solo lo afirmó, sino que añadió que “me arrepiento”. El bañista pacense también asumió el delito.
Habida cuenta de la admisión de los hechos, ya no se hizo necesario escuchar a todos los testigos. En las cuestiones previas la acusación particular, ejercida por el letrado Juan R., aportó la factura de las gafas compradas por uno de los agentes lesionados después de que le destrozaran las que llevaba puestas durante la trifulca y solicitó que se visionara el vídeo de la agresión, algo que le fue denegado por innecesario.
EL MÉDICO FORENSE
El facultativo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que examinó a Fernando C.M. ratificó en la vista oral su informe, que concluye que el apuñalador del subinspector Antonio Garrido padece hipoacusia profunda (sordera), así como un trastorno mental ligero. “El retraso repercute sobre sus funciones cognitivas y volitivas; el aislamiento que le produce incide en su comprensión de lo que ocurre alrededor”, apuntó el forense.
La acusación particular le preguntó por su “obsesión” con el jefe de la Policía Local, a lo que el médico señaló que “está obsesionado de forma relativa, no por que tenga un trastorno obsesivo, sino en el sentido normal de la palabra”.
El magistrado, por su parte, le trasladó si, en base a la documentación aportada por la mutua del mando, modificaría el perjuicio de las lesiones, considerado “básico”, por “moderado”, a lo que contestó que a nivel físico no, si bien habrá que tener en cuenta “su afectación psicológica”.
EL POLICÍA Y EL BAÑISTA
El agente atacado por el bañista de Badajoz para “defender” a los vendedores ambulantes en la playa de los apartamentos Calypso renunció a pedir que lo condenaran por el delito leve de lesiones que se le atribuía, no así a los 400 euros de indemnización que Manuel P.V. ya ha sufragado.
Otro de los efectivos agredidos reclama los 155 euros de las gafas de sol que adquirió el 10 de agosto, tres días después de los hechos, cuando Mikel “con la rodilla me golpeó en la cara” y se las rompió.
TESTIFICAL DE GARRIDO
El jefe de la Policía Local de Punta Umbría respondió a su abogado indicando que “me encuentro mal, tengo dolores por todo el cuerpo y a nivel psicológico estoy muy afectado: no logro entender por qué por una simple sanción administrativa se apuñala a un policía”.
Recalcó que las señales en su cuerpo son visibles, con cicatrices “que me impiden hacer una vida normal”. La víctima principal de este asunto sigue de baja.
El abogado defensor de los dos hermanos, Juan Campos, le recriminó que apareciera uniformado sin estar de servicio. “Estoy autorizado”, le espetó Antonio Garrido. En este punto intervino el magistrado. “Pues yo le agradezco que comparezca uniformado, porque no es habitual”.
LA PENA POR LA MITAD
La teniente fiscal de Huelva, Isidora Solís, asumió ayer la acusación pública, relevando a su compañero Nicolás Suffo. Teniendo en cuenta que los tres acusados reconocieron la autoría de las infracciones, decidió rebajar sustancialmente su petición de condena.
“Por más execrables que nos puedan parecer los hechos, entendemos que pueda parecer que la pena resulta desproporcionada por mínima, pero lo hacemos habida cuenta de la escasa relevancia de las lesiones”, expuso en el informe final.
Previamente, en las conclusiones, había apuntado que Fernando C.M. debe cumplir dos años de prisión por el delito de atentado a agente de la autoridad, agravado por el empleo de instrumento peligroso, en concurso ideal con el delito de lesiones con instrumento peligroso (más otros cuatro delitos leves de lesiones). Inicialmente la acusación pública pedía cuatro años. Le reduce también la multa impuesta porque quedó acreditado que “los tres acusados obtienen como ganancias pensiones no contributivas que no superan el salario mínimo”. Así que la deja en 90 euros por cada uno de los delitos: 360 euros. Las condenas quedarían suspendidas si no delinquen en ese plazo.
Las indemnizaciones ya han sido abonadas. Y esta es una de las circunstancias atenuantes que contempla, la de reparación del daño, amén de la de su discapacidad (atenuante leve de afectación psicológica). “La necesidad de la bajada de un grado de la pena, partiendo de tres años y seis meses de prisión, nos obliga a imponer la mitad inferior porque no hay agravantes”, explicó en la sala el Ministerio Público.
A Mikel C.M. le reduce la pena de prisión de un año y medio a seis meses por el delito de atentado a agente de la autoridad y otros tres delitos leves de lesiones. Por estos últimos abonará
una multa de 270 euros. Para el bañista solo reclama el delito de resistencia a agente de la autoridad y una multa de 90 euros.
“QUE CAIGA TODO EL PESO DE LA LEY SOBRE ÉL”
La acusación particular se situó en las antípodas de la Fiscalía. “Que caiga todo el peso de la ley sobre Fernando, porque por suerte, por buena suerte, no está aquí sentado por homicidio en grado de tentativa”, subrayó Juan R. al inicio de su informe. “Atacó a Antonio por detrás, con un cuchillo y teniendo pleno conocimiento de quién era”.
Por ello solicita la “pena máxima” que, a su juicio y una vez aplicadas las atenuantes, debería estar “entre los dos años y siete meses y los tres años y seis meses de prisión”, nunca menos. “Debe ser una pena superior a dos años, porque ha atentado contra la vida de un ser humano y por casualidad, porque le dio dos laceraciones y no en un órgano vital, no se lo ha llevado por delante”, resaltó el letrado.
Añadió que a Fernando se le debería prohibir residir o tener domicilio en Punta Umbría durante cinco años, a contar desde que salga de la penitenciaría. Y que durante el mismo plazo se le imponga una orden de alejamiento del subinspector y su familia y se le prohíba la tenencia y el porte de armas, “porque esta agresión se ha producido con un arma blanca”.
Sobre este asunto le replicó al acusación pública, que admite el alejamiento pero no por un periodo de más de seis meses, puesto que “tienen asumido que deben patrullar y difícilmente puede llevarse a la práctica este alejamiento en una localidad como Punta Umbría”.
Finalmente, el jurista pidió que se incrementara la multa para los encausados a seis euros diarios y no tres como ahora propone la fiscal, que se eleve el perjuicio estético padecido por Garrido del mínimo a dos o tres puntos y que se les impongan las costas judiciales.
LA DEFENSA
El abogado defensor de los hermanos mostró su conformidad con la petición de la Fiscalía, pero agregó que se puede incluir la atenuante de reconocimiento tardío de los hechos, contemplada por el Tribunal Supremo.
Juan Campos considera que las órdenes de alejamiento y demás accesorias “no proceden”, al no habérsele preguntado a las víctimas “si tienen miedo”. Añadió que “se debe condenar en costas a estos señores porque se nos obliga a defendernos de cuestiones que se alejan de la buena fe procesal”. Mostró además su desacuerdo con el pago de las gafas de sol. “Si no se dicta sentencia absolutoria, que sea en los términos en los que lo hace la Fiscalía”, concluyó.
El letrado del bañista, José Andrés Cortés, también estuvo conforme con lo pedido por las partes para su cliente.