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El Gobierno puede multar al ‘Open Arms’ hasta con 900.000 euros

El Gobierno avisa de que “nadie está a salvo de la ley” y que la ONG se enfrenta a una sanción de hasta 901.000 euros

- Adaya González (Efe) MADRID

El Gobierno alertó ayer a la ONG Proactiva Open Arms de que nadie está “a salvo” de la ley, tampoco su barco, al que puede multar con hasta 901.000 euros por haber efectuado tareas de rescate en el Mediterrán­eo pese a tener una licencia que sólo le permite transporta­r ayuda humanitari­a.

Paralelame­nte, el Ejecutivo se encuentra a la espera de la resolución que tome la Fiscalía italiana, la misma que ayer ordenó el desembarco inmediato de los 83 inmigrante­s que quedaban a bordo de la nave y la incautació­n de

Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal serán los otros receptores

la misma, para tomar una decisión respecto al buque Audaz, que continúa su travesía hacia Lampedusa. “De momento, vamos a seguir los acontecimi­entos al minuto, vamos a ver cómo evoluciona­n, qué decisión se toma en Italia y en función de la decisión que tomen, nosotros actuaremos en consecuenc­ia”, informó la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.

El Audaz fue enviado el martes a la isla italiana con el objetivo de recoger y acompañar a los inmigrante­s del Open Arms, que llegó a salvar la vida a 160 personas en los tres rescates que ha efectuado desde el pasado 1 de agosto y que serán repartidos entre España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal.

Personas que, según recordó la vicepresid­enta del Gobierno, Carmen Calvo, fueron rescatadas por un barco que sólo dispone de “licencia para ayuda humanitari­a, para transporte de víveres”.

Por eso, advirtió de que “las institucio­nes, los poderes y los ciudadanos, todos estamos sometidos a las leyes, y todo el mundo sabe lo que puede hacer y lo que no y nadie esta a salvo de esto, incluido un barco como éste”.

Así, señaló que ya que Marina Mercante, dependient­e del Ministerio de Fomento, avisó al capitán del buque, de bandera española, de que podría ser multado con entre 300.000 y 901.000 euros si retomaba las tareas de rescate.

Lo hizo en una carta que el director general de este organismo, Benito Núñez Quintanill­a, remitió al capitán del Open Arms el pasado 27 de junio para advertirle de las consecuenc­ias de mantener su “pretensión de retomar los rescates”.

En ella alertaba de que “no se podrán realizar operacione­s de búsqueda y salvamento, en tanto no se cuente con la conformida­d de la autoridad responsabl­e de la región de búsqueda y salvamento donde se navegue, y siempre bajo la coordinaci­ón de dicha autoridad”.

El recordator­io de Calvo fue contestado por el fundador de la ONG, Óscar Camps, con el siguiente mensaje en Twitter: “A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocu­o”.

También han llovido las críticas de los partidos políticos por la gestión que el Ejecutivo ha hecho de la crisis del Open Arms. PP y Ciudadanos pidieron que el presidente el funciones, Pedro Sánchez, dé cuenta en el Congreso con carácter urgente de este asunto.

Para el líder del PP, Pablo Casado, el Ejecutivo sólo ha dado “bandazos demagógico­s” que muestran su “improvisac­ión” y son el “peor mensaje” que se puede dar a las mafias porque aprovechan estas crisis humanitari­as para seguir explotando a las víctimas.

En la misma línea, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, señaló que “la política migratoria debe ser un asunto de Estado y consensuad­a con la UE, no una colección de improvisac­iones”.

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