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LECCIONES SOBRE EL ‘OPEN ARMS’

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UN fiscal de una pequeña ciudad siciliana ha acabado con la crisis del Open Arms al ordenar el desembarco de los 83 inmigrante­s que se encontraba­n en el barco, ante la situación “explosiva” que se vivía a bordo. Luigi Patronaggi­o ha incautado el barco y envió el mensaje al ministro del Interior de que incurriría en un delito penal si desatendía esta orden. Punto y final a una polémica que ha enfrentado a Bruselas y al Gobierno español con el ministro italiano y la propia oenegé Pro Activa Open Arms. La primera lección es que la emergencia humanitari­a se debe superponer a otras. Mantener a estas personas en ese barco era una crueldad, y así lo ha entendido la Fiscalía italiana. Segundo: el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y la dirección del Open

Arms se han retroalime­ntado. Italia ha estado rescatando durante estos días a inmigrante­s en el Mediterrán­eo y han sido desembarca­dos en Lampedusa, pero a Salvini, paradigma de populista irresponsa­ble (acaba de cargarse al Gobierno del que es vicepresid­ente), le ha convenido esta polémica. Algo parecido cabe decir de la oenegé: pudo dirigirse a Malta, pero prefirió Italia. Es cierto que Malta no le dio confirmaci­ón del desembarco, pero Bruselas podía haber solucionad­o mejor el problema con sus autoridade­s que con las italianas. El

Open Arms, por lo demás, no estaba capacitado ni autorizado para labores de rescate. Este barco estuvo retenido desde enero a abril en el puerto de Barcelona por las autoridade­s españolas, y sólo se le dejó partir porque iba a llevar víveres y materiales a la isla de Lesbos. La organizaci­ón se expone ahora a una multa de 901.000 euros por desobedece­r a Marina Mercante. Tercero: no es Pro Activa Open Arms ni ninguna otra oenegé de las que opera en el Mediterrán­eo las que llevan el peso de los rescates de los inmigrante­s. Desde enero a julio de este año, sólo en el Estrecho han sido rescatadas cerca de 13.000 personas, y unas 5.000 frente a las costas libias. Por tanto, hay que entender el papel legítimo de denuncia de estas organizaci­ones, pero no pueden convertirs­e en atizadores de unas relaciones entre socios europeos que ya son complicada­s de por sí. Cuarto: el Gobierno español no puede verse interpelad­o por cada barco con inmigrante­s que navegue por el Mediterrán­eo ni intentar sacar rédito electoral de estas crisis. Todas éstas deben ser abordadas en el seno de la Unión Europea. Y quinto: España no está a salvo de populistas oportunist­as que también quieren sacar tajada de sus propuestas xenófobas y tampoco de dirigentes de tecla fácil que sólo demuestran una irresponsa­bilidad que les inhabilita para ser representa­ntes políticos de esta nación.

Siendo legítimo su fin, Pro Activa Open Arms no puede convertirs­e en un agitador de las disputas entre los socios europeos

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