La compleja tarea de Juan Bravo: cumplir con la BMI
El compromiso de reducir impuestos cada año se hace difícil por el bloqueo institucional, pero también por el escaso margen que queda para la bajada masiva que anunció Juanma Moreno
“BMI. Bajada masiva de impuestos”. En la campaña de las pasadas andaluzas hubo quien se mofó del eslogan del ahora presidente de la Junta. Juanma Moreno lo repitió hasta la saciedad y fue lo primero que hizo cuando llegó a San Telmo. Su primera víctima fue el muy impopular impuesto de Sucesiones y Donaciones. Al poco tiempo, con Juan Bravo como consejero de Hacienda –tras la salida de Alberto García Valera–, el bipartito abundó en la reforma. Una merma en los ingresos de 235 millones de aquí a 2023 y tres tributos como principales afectados: el IRPF, el de Actos Jurídicos Documentados y el de Transmisiones Patrimoniales.
La obsesión del titular de Hacienda es que el dinero “esté en el bolsillo de los andaluces”, como explicó durante la comparecencia en San Telmo en la dio cuenta de la rebaja fiscal aprobada el pa
sado abril. En 2019, la cantidad que no llegará a las arcas en virtud de esta remodelación ronda los diez millones de euros. Es el 0,02% del montante total del Presupuesto andaluz que el Parlamento avaló hace algo más de un mes. El efecto irá dejándose notar en los ejercicios sucesivos, ya que la rebaja del IRPF es paulatina hasta 2023 para las rentas más altas y las más bajas.
La intención del Gobierno bipartito es abundar en esa reducción fiscal. El PP lleva décadas haciendo campaña con el “infierno fiscal” que, según su relato, había instaurado el PSOE en Andalucía. El macado carácter liberal de Ciudadanos casa perfectamente con esta idea. Y los advenedizos de Vox, familiares de la extremad derecha europea, no llevan en su ADN el gen proteccionista de sus primos franceses. Esto se traduce en que Juan Bravo no se encontrará con problemas en el Parlamento cuando quiera la aprobación para nuevas reformas.
El propio titular de Hacienda, Industria y Energía ha reconocido en varias entrevistas que su intención es seguir bajando impuestos siempre que se pueda. Ese matiz es importante. Los problemas que no tienen en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas se los puede encontrar en Torretriana, sede de la Consejería. Es complicado desprenderse, por ejemplo, de los 86 millones de euros que se pretenden ingresar, por ejemplo, por el impuesto sobre el Patrimonio. No es que este gravamen esté en la lista negra de Bravo. De hecho se trata de un tributo cedido por la Administración estatal, por lo que la Junta tiene competencias limitadas a la hora de gestionarlo, lo que dificulta una posible reducción. Sí podría quedar bonificado, como ha hecho con Sucesiones y Donaciones, pero sería otra merma en los ingresos fiscales en un momento en el que el escenario internacional deja de ser halagüeño y el nacional permanece atascado.
Bravo ya se ha quejado en varias ocasiones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que Andalucía no conoce el dato de las entregas a cuenta. Sin Presupuestos Generales del Estado, un Gobierno en funciones no puede actualizar este dato, necesario para esbozar las cuentas regionales de 2020. Esa incertidumbre dificulta cualquier balance. Sin saber con exactitud con qué superávit va a contar la Junta, es muy difícil diseñar una rebaja fiscal. Sobre todo si se trata de una reducción leve, como la que pretende desarrollar el Gobierno.
¿De dónde puede recortar Juan Bravo para cumplir con su misión de bajar impuestos sin que repercuta en los servicios públicos? En detalles. Hay que mirar en el espejo de la reforma ya aprobada, sobre todo en dos de los tributos a los que afectó. En Actos Jurídicos Documentados, los beneficiarios son las familias numerosas, mientras que en Transmisiones Patrimoniales son los autónomos y dueños de pymes. Los “guiños” del consejero de Hacienda en materia fiscal serán para esos dos colectivos. La duda está en saber qué impuestos serán los elegidos.
El consejero de Hacienda ha señalado en alguna ocasión que el impuesto de matriculaciones –sobre determinados medios de transporte, según su nombre oficial– tiene la tasa más alta del país en Andalucía. Para este 2019, la Junta va a recaudar casi 68,5 millones de euros por dicho tributo, Es una cantidad reseñable, pero discreta si se compara con los 225 millones que la Junta ingresa por las distintas tasas que tiene bajo su competencia. Precisamente en materia de tasas, Juan Bravo prepara una revolución que, mediante una nueva ley, permita simplificar un entramado que, en su opinión, “hay que ordenar, depurar, racionalizar y simplificar el sistema”. En este caso, el objetivo no es abundar en una rebaja fiscal, sino aliviar la carga administrativa a los ciudadanos.
Los 309 millones de ingresos previstos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Ley de Presupuestos merecen mención aparte. Se trata del gravamen que más polémica ha provocado en los últimos años. El PSOE, a regañadientes, aumentó el mínimo exento dos veces por la presión de su entonces socio de Ciudadanos. El PP cumplió su promesa de bonificarlo al 99%, pero todavía hay “guiños” que se pueden hacer. La contestación social a este gravamen tiene mucho que ver con herencias de los denominados grupos de parentesco III y IV, es decir, herencias que van de tíos a sobrinos o entre primos. No es descartable una reducción leve para esos casos, tal y como ha reconocido en privado algún miembro del Gobierno andaluz. Es cierto que ni siquiera en la Comunidad de Madrid, meca del liberalismo fiscal, tiene reducciones agresivas para estos colectivos, lo que convertiría a la Junta de Juanma Moreno en pionera en plena guerra impositiva entre las comunidades gobernadas por las derechas y las que tienen un ejecutivo de izquierdas.