Sin licencia y con un catálogo oculto
● La empresa carecía de permisos para su actividad y para las obras de ampliación ● Vendía 50 productos de otras firmas, de los que no informó
Un agujero negro en el control municipal. Magrudis, la firma sevillana que elaboraba la carne mechada que ha originado el mayor brote de listeriosis que se recuerda en España, era una empresa que operaba sin licencia de actividad, que carecía del permiso necesario para ampliar sus instalaciones y que poseía un catálogo oculto de 50 productos que vendía por un canal de distribución distinto al que usaba para las carnes y embutidos que fabricaba en su sede del Polígono El Pino.
Una empresa que, según denunció ayer el Ayuntamiento de Sevilla –que tiene las competencias en Consumo–, ha cometido serias irregularidades y ha ocultado información a la administración local, motivo por el cual ampliará la denuncia que ya ha presentado en la Fiscalía contra Magrudis.
Toda la información facilitada por el gobierno de Espadas se dio a conocer horas después de que el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, acusara a la administración municipal de no haber aportado todos los productos que fabricaba la referida empresa, extremo desmentido por el Ayuntamiento, al asegurar que Salud tenía constancia desde el 20 de agosto del listado completo de los embutidos elaborados por Magrudis, que aseguró a los responsables de Consumo que el chorizo no se había vendido recientemente.
En la inspección que desarrollan estos días los servicios municipales se ha constatado que Magrudis se dio de alta en el registro general sanitario de empresas alimentarias de la Junta en 2015. Pero lo hizo sin contar con la documentación correspondiente que debe otorgar el Ayuntamiento de Sevilla. Por tanto, carecía de licencia de actividad para la producción cárnica que ha desarrollado estos cuatro años en sus instalaciones. Éste es el primer punto negro en su oscuro historial.
El hecho de que estuviera registrada en el mencionado listado, avalado por la Consejería de Salud, obliga a los servicios municipales de Consumo a llevar a cabo las inspecciones reglamentarias, que se desarrollaron en 2016 y 2017, año en que Magrudis implanta un sistema de autocontrol, por lo que los periodos para las supervisiones del Ayuntamiento –de acuerdo con la normativa europea– se hacen “más flexibles”. No obstante, el gobierno municipal no ha aclarado por qué motivo la Gerencia de Urbanismo no actuó en una actividad de producción alimentaria que está en marcha sin el permiso oportuno.
Fue a finales de 2018 cuando los responsables de Magrudis presentaron en el servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento una declaración responsable para el inicio de actividad. En un informe de las instalaciones realizado el pasado 26 de agosto se han detectado “deficiencias de forma y fondo” o, lo que es lo mismo, que lo descrito en aquella declaración poco o nada tiene que ver con lo que los inspectores se han encontrado en la fábrica. Por tal motivo, también se le ha abierto un expediente de oficio en el área de Medio Ambiente.
Además de la licencia para el inicio de actividad, Magrudis tampoco solicitó el debido permiso para la ampliación de sus instalaciones, unas obras que le fueron notificadas a la Junta de Andalucía el 31 de julio, cuando ya estaban culmi
nadas y el proceso de elaboración modificado (para su puesta en marcha requería del certificado de Salud, que tampoco pidió).
Las irregularidades de Magrudis no acaban aquí. Cada día sale una nueva. La última se conoció ayer. Tras alertar el Ayuntamiento de que la empresa no le había informado de que el chorizo que fabricaba se había distribuido recientemente (y al que se ha ampliado la alerta sanitaria), ayer se tuvo conocimiento de otro dato de gran importancia que habían ocultado. Magrudis contaba con un canal de distribución B, es decir, vendía productos que realizaban otras firmas y de los que por ahora no se tenía constancia.
Esta última irregularidad se supo al ser alertados por un establecimiento de la capital andaluza, cuyo dueño explicó a los inspectores que los representantes de Magrudis le ofertaban un listado de 50 productos con distintos precios, cuando la empresa sólo fabrica –al menos en los datos aportados a las instituciones– una decena. Se trata de un catálogo oculto del que, según fuentes municipales, no existen indicios de que sus productos pasaran por las instalaciones del Polígono El Pino y, por tanto, de que estén infectados por la listeria que originó el brote.
La oscura trayectoria de Magrudis se suma a la de su gerente, José Antonio Marín, cuya vida empresarial ha ido de fracaso en fracaso, con la creación de cuatro sociedades a las que puso fin en algunas ocasiones con impagos y deudas con Hacienda. En sus declaraciones estos días a diversos medios de comunicación ha afirmado no acordarse de cuándo fue la última vez que, dentro del plan de autocontrol de la empresa, realizó un análisis para comprobar si había algún foco de infección.
También debe destacarse el cambio de postura de las administraciones implicadas en esta crisis respecto a Magrudis, a la que agradecieron su colaboración en la aportación de datos el día que se decretó la alerta sanitaria –el 15 de agosto– y de la que ahora critican justo lo contrario: la ocultación de información. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento hispalense la han denunciado en la Fiscalía.