Comienza en Almería el juicio de Ana Julia Quezada por la muerte del pequeño Gabriel
El año judicial comienza con el caso más mediático, aunque sin la declaración de Ana Julia Quezada Hoy testificarán los padres de la víctima, después de la acusada
Mientras el Rey presidía la solemne apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo, la Audiencia de Almería acogía el inicio de la vista contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, para quien la Fiscalía solicita prisión permanente revisable por un delito de asesinato y diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a Ángel Cruz y Patricia Ramírez, los padres del menor. Ambos testifican hoy, después de la acusada.
Quezada llegó al Palacio Provincial de Justicia almeriense en un furgón de la Policía Nacional procedente del centro penitenciario El Acebuche. Se apeó del vehículo e hizo un breve paseíllo hasta los accesos a los calabozos por la parte posterior de la Audiencia, donde los medios gráficos la inmortalizaron con una imagen muy diferente a la que lucía durante los días de búsqueda, vestida con una americana azul, pantalón y camisa blanca.
La acusada permaneció en los calabozos durante la constitución del jurado popular que hasta el próximo 18 de septiembre será responsable de enjuiciarla y declararla, al término del juicio, culpable o no de los delitos por los que se está acusada. Tras los descartes reglamentarios, de entre los 36 posibles miembros fueron seleccionados siete mujeres y dos hombres como titulares, así como un varón y otra mujer en calidad de suplentes.
Pasado el mediodía, Quezada fue conducida a la sala de vistas, donde, a petición de su abogado, la magistrada Alejandra Dodero autorizó que le fuesen retiradas las esposas. Acto seguido comenzó la vista, en cuya mayor parte pasó la acusada con lágrimas en los ojos, mientras la fiscal solicitaba incorporar dos pruebas: un reportaje fotográfico de la zona en la que desapareció la víctima, realizada por el Laboratorio de Criminalística, así como la evaluación económica de la búsqueda. La fiscal Elena María Fernández aseguró en su intervención que el pequeño “no tuvo opción de salir con vida” de la finca de Rodalquilar en la que falleció.
“Yo tengo una convicción subjetiva y personal que no sirve de nada, pero tengo la convicción jurídica de que Ana Julia Quezada cometió un delito de asesinato y otro de lesiones sobre los padres del menor”, dijo Fernández, quien recalcó que, “con claro ánimo de ocasionarle la muerte, de modo deliberado, consciente, a sangre fría y con absoluto desprecio a la vida”, Quezada le dio “muerte de una forma tan repentina, inmediata e impredecible que anuló toda capacidad de reacción de este niño”, sostuvo.
Añadió que Gabriel no podía esperar además “de ninguna manera un ataque que procede de la pareja de su padre”, que había
Elena María Fernández
Fiscal Actuó con claro ánimo de ocasionar la muerte de modo deliberado y consciente, a sangre fría”
generado “confianza” en él por pertenecer al entorno familiar del niño.
La fiscal defendió que, “más allá de este ataque”, que pilló “desprevenido” al menor, Quezada aprovechó la absoluta “situación de desamparo y desvalimiento” propia de un niño de “8 años que pesaba 34 kilos” por el “desequilibrio de fuerzas” entre ambos, que le dio una “mayor facilidad para cometer el delito y asegurar el resultado de muerte”.
También se refirió la fiscal al daño causado a los padres del menor –Ángel Cruz y Patricia Ramírez– por su actitud durante la búsqueda de Gabriel, dándoles esperanzas. En este sentido, censuró la “sobreactuación en los medios” en los que mostró un “estado de
Francisco Torres
Abogado de la acusación Lo apaleas, lo ves balbucear con vómito y, ahí, lo asfixias; no cabe tanta maldad”
aflicción compungida y falsario” en manifestaciones, “alentando los ánimos de los padres”. “Pensamos que el impacto emocional de ese comportamiento en el estado de conmoción emocional, de angustia e incertidumbre de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, permite acusarla de dos delitos de lesiones psíquicas por su absoluto desprecio a su estado”.
El letrado de la acusación particular, Francisco Torres, dijo que el pequeño estuvo “cerca de una hora con posibilidad de salvarse de haber habido una simple llamada” y que la muerte del menor no pudo ser un accidente, como mantiene la defensa de Quezada, asegurando además que “no cabe tanta maldad, hacer tanto daño a un niño” como el que, afirmó, hizo la acusada.
“Pudo hacer con el niño lo que quisiera”, señaló el letrado, quien subrayó que le dio una “somanta de palos antes de asfixiarlo”. “La secuencia de los hechos es que lo mata y se pone a fumar y a hacer el hoyo. Es seguro que es cuando ve que aún respira y que lo asfixia ahí”, señaló al jurado. “La sensación que tenemos es que seguramente lo quiso descuartizar. Hay un móvil doble. Un móvil económico. El segundo móvil es que, objetivamente, Gabriel le estorbaba”, incidió, insistiendo en la “frialdad y crueldad” de la procesada, preguntando al jurado si “podían imaginarse ponerse a pintar una puerta o a poner una lavadora después de matar y enterrar a alguien”.
En su intervención durante el inicio de la vista con jurado, el letrado defendió, también frente al Ministerio Público, que Quezada actuó no sólo con alevosía y premeditación al forzar los hechos un “día en el que el padre estaba ausente” sino que también se “ensañó” con el menor, “aumentando inhumanamente el dolor para hacerle sufrir”.
“Lo apaleas, lo ves balbuceando con vómito y, ahí, lo asfixias”, aseguró el letrado para apostillar que, si “su pretensión era asfixiarlo, no le da la somanta de palos que le dio durante una hora”.
El letrado abundó en que aprovechó que el padre del menor, Ángel Cruz, trabajaba el 27 de septiembre del año pasado para llevarse al pequeño a la finca de Rodalquilar, con cualquier “pretexto”, un lugar “donde nadie te va a escuchar, apartada del mundo”. En su opinión, quería descuartizar al niño cuando fuese posible y la situación “se le fue de las manos”, pues no esperaba que hubiese tanta afluencia de personas en un pueblo de 50 habitantes.
El abogado defensor, Esteban Hernández Thiel, argumentó que, si el pequeño falleció porque “todo estaba planeado”, como sostienen acusación particular y Fiscalía, “parece una chapuza enorme”. “Matarlo en la vivienda de su padre; quedarse allí con el revuelo mediático que se forma; seguir con ellos –con los familiares–... Un móvil que tiene poco sentido”, expresó ante el jurado, destacando que su intención no era lesionar al niño ni añadir un sufrimiento añadido a los padres sino que “no se descubriese lo que había hecho” posteriormente.
“Entendemos que no fue un plan preconcebido, ya que, si bien su conducta no fue la más afortunada, sí es muy común, puesto que el ser humano, cuando hace el mal, por desgracia tiende a ocultarlo”, concluyó el abogado de la única enjuiciada.
Esteban Hernández Thiel
Abogado de la acusada No fue preconcebido, el ser humano cuando hace el mal por desgracia tiende a ocultarlo”