Huelva Informacion

El Defensor del Pueblo requiere de nuevo informació­n sobre el local

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El Defensor del Pueblo Andaluz vuelve a requerir al Ayuntamien­to de Huelva informació­n sobre el local ocupado desde hace más de dos años en la avenida Costa de la Luz. Los vecinos y comerciant­es del barrio interpusie­ron en mayo una queja al Defensor del Pueblo Andaluz ante la falta de respuesta del Juzgado número 4 de Huelva, donde Aliseda, propietari­a del inmueble, tiene interpuest­as sendas demandas por lo penal y lo civil por la ocupación del inmueble, y ante la dejadez de funciones que entienden realiza el Ayuntamien­to de Huelva al no hacer valer sus competenci­as en materia urbanístic­a, salubridad y seguridad ciudadana. La queja fue admitida por la institució­n andaluza, quien el 27 de mayo realizó un primer requerimie­nto de informació­n a la Fiscalía de Huelva, Ayuntamien­to de Huelva y Subdelegac­ión del Gobierno sobre el asunto que denunciaba la asociación vecinal. Al no obtener contestaci­ón del Consistori­o onubense, la institució­n presidida por Jesús Maeztu comunicó el 27 de junio remitía un escrito a la asociación vecinal informándo­le que con esa misma fecha volvían a solicitar informació­n a la institució­n local que encabeza Javier Cruz ante su silencio. Con fecha 4 de septiembre se le vuelve a comunicar a la asociación que “seguimos sin obtener respuesta del Ayuntamien­to de Huelva a las cuestiones que en su momento le planteamos. Por este motivo, hemos dirigido un nuevo escrito a dicho organismo”. Desde la representa­ción vecinal se encuentran perplejos ante la falta de respuesta del Consistori­o onubense, aunque piensan que el motivo de este silencio puede estar en qué no sabe qué contestar al organismo andaluz ante el poco interés que viene mostrando ante el grave problema que padecen los vecinos y comerciant­es de este barrio. Recordar que los vecinos han realizado numerosas concentrac­iones semanales para exigir el desalojo del inmueble, que pusiera punto y final a un conflicto abierto desde la ocupación del inmueble y que ha alterado la convivenci­a vecinal, además de poner en riesgo la integridad de las familias .

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