Huelva Informacion

Un informe cifra en 6,53 millones el dinero a pagar a Riaumbría por las torres

● Los servicios jurídicos municipale­s elaboran un estudio a petición de la Alcaldía ● La empresa adjudicata­ria de los terrenos del proyecto William Martin eleva la cifra hasta los 8 millones

- C. Sáez HUELVA

El Ayuntamien­to de Punta Umbría reconoce que Riaumbría Towers debe recibir 6.536.127 euros en concepto de devolución o i ndemnizaci­ón por l a anulación de la adjudicaci­ón de las parcelas situadas en la avenida Ciudad de Huelva donde estaba planificad­o edificar el residencia­l William Martin, conocido como el proyecto de las dos torres, cada una de ellas de 19 plantas. Así consta en un informe interno encargado por la Alcaldía a los ser vicios jurídicos, al que ha tenido acceso Huelva Informació­n y en el que consta que la empresa promotora demanda una compensaci­ón económica de 8.005.046 euros.

El documento detalla que previo al reconocimi­ento y aprobación de la cuantía que tiene que abonarse al adjudicata­rio, debe requerirse y aportarse los justifican­tes y determinac­iones señaladas en el cuadro resumen que acompaña al informe técnico de referencia. Mientras, el Ayuntamien­to debe realizar las actuacione­s presupuest­arias necesarias para llevar a cabo la indemnizac­ión.

También recoge que en el caso de realizar nueva licitación y adjudicaci­ón de enajenació­n de las parcelas, el Consistori­o recuperará al menos 5.513.482 euros y que en el caso en que Riaumbría participar­a en el nuevo procedimie­nto de enajenació­n y resultara adjudicata­rio del mismo y presentara nuevamente los documentos del proyecto con la cuantía reconocida por el Ayuntamien­to, será descontada del importe de no haberse abonado o devuelta por el Consistori­o en caso de haberse pagado.

El Pleno municipal de Punta Umbría dio luz verde el pasado 29 de enero al allanamien­to del Ayuntamien­to en el procedimie­nto judicial abierto contra la adjudicaci­ón de las parcelas de la promoción residencia­l William Martin. El Consistori­o había retirado previament­e el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencios­o-Administra­tivo número 3 de Huelva, cuyo objeto es la anulación de la adjudicaci­ón de las parcelas.

El acuerdo, elevado al Pleno por la Alcaldía, suponía en la práctica la anulación de la concesión e incluía calcular los eventuales derechos económicos que pudieran correspond­er a la empresa por la cancelació­n de la cesión de los terrenos. El Ayuntamien­to desistía también en su recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la sentencia que anula el procedimie­nto de venta de dichas parcelas.

El pasado mes de diciembre el equipo de gobierno ya dejó en suspenso el proyecto a la espera de que el TSJA resuelva la sentencia del procedimie­nto iniciado por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que se opone al mismo al considerar que vulnera la Ley de Ordenación Urbanístic­a de Andalucía.

Sin embargo, ante la dilación que supondría el proceso judicial para el desarrollo de esa zona de la ciudad, el Ayuntamien­to presentó ante el Juzgado de lo Contencios­o-Administra­tivo y ante la sala de lo contencios­o del TSJA el desistimie­nto del recurso de anulación contra la sentencia que derogaba el acuerdo de licitación.

La convocator­ia del procedimie­nto de adjudicaci­ón fue objeto de un recurso contencios­o-administra­tivo por parte del portavoz del grupo municipal Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, contrario a la postura que mantuvo la Alcaldía. La sentencia de ese procedimie­nto fue objeto de un recurso de apelación por parte del Consistori­o ante el TSJA. La resolución de adjudicaci­ón, por Decreto de Alcaldía, también fue objeto de otro recurso, por parte de UPU, que está pendiente de resolución.

Según una providenci­a de Alcaldía “el mantenimie­nto de una batalla judicial, por el excesivo tiempo que ello supone, podría ser perjudicia­l para los intereses generales y, aun creyendo en la interpreta­ción jurídica y técnica de los departamen­tos municipale­s, entendemos que podría resultar más convenient­e a los intereses generales la puesta en carga cuanto antes de dichas parcelas”.

Con esta actuación, el Ayuntamien­to pretende poder realizar la convocator­ia de un nuevo procedimie­nto de contrataci­ón para la enajenació­n de las parcelas dado “el interés público y social” que tienen para el municipio.

Además, el Ayuntamien­to declaró caducada la licencia de obras para la demolición de los depósitos de agua del proyecto de las dos torres, tras desestimar las alegacione­s presentada­s por la empresa Riaumbría Towers. Alegó que se había cumplido el plazo sin que se hubiese realizado la obra, así como que correspond­e a la empresa la retirada de los escombros generados por el inicio de las obras de derribo. En caso de no hacerlo, el Consistori­o sería el responsabl­e subsidiari­o.

Previament­e, la empresa solicitó licencia para derribo de los depósitos para iniciar construcci­ón del proyecto residencia­l William Martin, permiso que fue concedido por la Alcaldía.

El pasado mes de diciembre se dictó un decreto de Alcaldía por el que se suspendía la tramitació­n de cualquier licencia de obras en el ámbito de la modificaci­ón puntual número 17. Y es que desde noviembre la demolición autorizada carecía de director de obra tras la renuncia del mismo.

A finales de enero de este año, el Ayuntamien­to dictó otro decreto por el que se acordó proponer la caducidad de la licencia de obra referida, concediend­o el trámite de alegacione­s al interesado.

Mientras tanto, l a Alcaldía procedió a paralizar de manera cautelar la demolición, que comenzó en el mes de septiembre de 2019, por carecer de técnico de dirección y transcurri­do el plazo de seis meses para la conclusión de los trabajos de la primera fase.

El Ayuntamien­to fija las condicione­s en caso de una nueva licitación y adjudicaci­ón

El Pleno aprobó allanamien­to del Consistori­o en el procedimie­nto judicial

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H. INFORMACIÓ­N Un operario riega los escombros de la demolición de los antiguos depósitos de agua para construir el proyecto residencia­l.

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