Los hosteleros esperan reabrir las terrazas del 10 al 25 de mayo
Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana serían las primeras autonomías en recuperar la actividad en los bares
La patronal Hostelería de España cree que se podrá comenzar a abrir terrazas entre el 10 y el 25 de mayo, según las conversaciones que han mantenido con las autoridades sobre cómo será el proceso de desescalada para este sector.
Fuentes de la patronal avanzaron ayer que les han explicado que las fechas también son susceptibles de variar en función de la Comunidad Autónoma, dependiendo del grado de afectación y del riesgo de cada región.
De acuerdo con la información que maneja la patronal, las
El Gremio de la Restauración critica que la desescalada se haga sin resolver disfunciones
terrazas podrán comenzar a operar de nuevo entre el 10 y el 25 de mayo aunque con limitaciones de aforo, lo que obligaría a reducir en cerca de un tercio su capacidad habitual.
Además, desde el 5 de mayo está previsto que se recupere el servicio de recogida de comida en el local.
En una tercera fase, a partir del 25 de mayo, sería el turno para los establecimientos de más de 70 metros cuadrados que tengan servicio de mesa, en los que el aforo también se vería reducido en cerca de un 33% y donde se usarían “medidas de separación”.
Por el momento no hay estimaciones sobre cuándo reabrirán los locales de menos de 70 metros.
Los bares y restaurantes están cerrados desde el pasado 14 de marzo por el estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la propagación del Covid-19, con la única salvedad del servicio de envío de comida a domicilio.
En un documento elaborado por la consultora EY para Hostelería de España y otras patronales sobre el plan de apertura para el período “post-confinamiento”, se especifica que Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana serían las regiones que primero deberían permitir recuperar la actividad a bares y restaurantes.
El estudio, al que ha tenido acceso Efe y que pretende servir de base en la propuesta que realizará el sector al Ejecutivo, deja para una “segunda oleada” a Baleares, Murcia, Galicia, Asturias y Aragón, y en una tercera y última fase sitúa a Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Esta lista “prioriza la seguridad sanitaria por encima del riesgo económico”, de acuerdo con sus autores, que ponderan variables como el número de contagiados por cada 100.000 habitantes, la cifra de fallecidos o la tasa media de contagios.
Por su parte, el Gremio de Restaura ción de Barcelona y más de 500 restaurantes firman una nota de prensa en la que los restauradores critican que el Gobierno pretenda empezar la desescalada sin antes haber resuelto las “disfunciones” que ha generado el cese de la actividad durante el estado de alarma.
Pese a que la voluntad del sector es abrir los establecimientos lo antes posible, cuestiones como el pago de los alquileres o la duración de los ERTE “comprometen la viabilidad económica” de muchas empresas.
Desde el gremio se considera una “injusticia” que se imponga el cierre de la hostelería y que, sin embargo, las empresas tengan que seguir pagando el alquiler, a la vez que se acusa al Gobierno de “proteger a los grandes grupos inmobiliarios”.
Por ello, piden condonar el alquiler durante el estado de alarma y que, en el momento de la reapertura, se rebaje el alquiler de manera proporcional a la reducción del aforo que se imponga como consecuencia del distanciamiento social.
En este sentido, el sector de la restauración también ha pedido que en un período de entre 12 y 24 meses, hasta que se complete el proceso de la recuperación, se revise a la baja el alquiler a partir de parámetros objetivos, como la comparación de los ingresos con ejercicios anteriores.
El gremio apunta que, con estas medidas, se evitarían, además, una “más que probable avalancha de recursos judiciales, ya que considera que, ante la actual crisis sanitaria, los arrendatarios podrían dejar de pagar el alquiler sin que se considere inclumplimiento contractual.
Los hosteleros han pedido que los ERTE por fuerza mayor se mantengan pasado el estado de alarma, que se permita la reincorporación progresiva de l a plantilla en un período mínimo de doce meses y que se mantenga la exoneración de las cuotas sociales mientras dure el ERTE.