40,7 millones de fianza para UGT-A por el caso de las facturas falsas
● El juez considera responsable civil subsidario del escándalo a la organización sindical, a la que avisa de un embargo de bienes si no satisface esa cantidad
El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el escándalo de las facturas falsas de la UGT-A, decidió abrir juicio oral contra la antigua cúpula de la UGT-A, a la que impone en concepto de responsabilidad civil subsidiaria una fianza de 40,7 millones de euros, en el caso de que los procesados vinculados a la organización sindical no presten la fianza que se les ha exigido.
El auto del instructor fija precisamente esa fianza de 40.750.047 euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, quien deberá responder de la misma de forma conjunta y solidaria con el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de Soralpe y Mas P Asociados Enrique Emilio Goicoechea Salazar. A María Dolores Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras de UGT-A, le impone una fianza de 4.288.707,74 euros.
En la causa, que será enjuiciada en la Audiencia de Sevilla, hay 15 acusados: cinco de ellos, vinculados a la organización sindical y los otros diez, entre proveedores del sindicato. El juez requiere a UGT-A para que, como responsable civil subsidiario, preste la fianza de 40,7 millones en el supuesto de que los cinco procesados “no presten la fianza exigida” para asegurar la “responsabilidad civil que pudiera derivarse de la causa, con apercibimiento del embargo de sus bienes en cantidad suficiente caso de no prestarse”. El juez ha abierto juicio oral por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.
El magistrado ha citado entre los días 15 y 17 de junio a los 15 acusados para notificarles el auto de apertura de juicio oral y, a continuación, los autos se enviarán a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento en los próximos meses, aunque el juicio podría retrasarse debido al colapso de la Audiencia, que se ha visto agravado con el parón provocado por la crisis del coronavirus, con lo que es previsible que el juicio no se celebre, en principio, hasta el año que viene.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hasta siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para la antigua cúpula de la UGT-A por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, en relación con el escándalo de las facturas falsas y un fraude que asciende a 40,7 millones.
En concreto, Anticorrupción ha pedido siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar, mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño ha solicitado cinco años de cárcel y multa de 50 millones.
Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía reclama que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico
Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla Fernando Soto considera además responsable civil subsidiario al sindicato UGT-A por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas, esos 40,7 millones de euros, y también lo hace responsable solidario de las multas que solicita para la antigua cúpula de la organización sindical ahora procesada, tal y como ha aceptado ahora el juez en el auto de apertura de juicio oral, que tiene fecha del 13 de marzo.
En cuanto a los proveedores, el Ministerio Público reclama indemnizaciones que oscilan entre los 638,56 euros y el millón de euros, y también considera responsables civiles subsidiarios de determinadas cuantías a las empresas proveedoras como Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar DM, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Badía.
Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se ser vía de recursos propios y ajenos, y en especial de las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal –cuya finalidad pretendida era crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas, manteniéndolas en condiciones técnicas y equipadas para la formación, detalla el fiscal en su escrito–.
La Fiscalía reclama hasta siete años de cárcel para la antigua dirección del sindicato
Los 15 acusados han sido citados en junio para recibir la nota de la apertura de juicio oral