Adelante lleva al TC la activación de la Diputación Permanente
● El decreto de simplificación quedaría afectado por el recurso de la coalición de izquierdas
El decreto de simplificación del Gobierno andaluz se encuentra con otro obstáculo. Los diputados de Adelante Andalucía, cada uno de forma individual, anunciaron ayer un recurso de amparo al Constitucional contra el “disparate jurídico” que consideran la Diputación Permanente que se activó en el Parlamento en los primeros días de confinamiento. Los parlamentarios de la coalición de izquierdas llevan al Alto Tribunal tanto la resolución de la Presidencia del Parlamento que habilita a la Diputación Permanente, como la propia convocatoria de este organismo para el día 2 de abril. Lo que consideran vulnerado los duputados de Adelante es su derecho a la representación política que figura en el artículo 23.2 de la Constitución y, por lo tanto, ven también conculcado el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
El encargado de dirigir el equipo de juristas que han elaborado el recurso ha sido Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y ex letrado del Constitucional, que considera que tiene muchas posibilidades de salir adelante. La tesis son las mismas que adelantaron varios expertos en Constitucional, entre los que también se encuentra Esperanza Gómez, ex senadora y ex parlamentaria y ahora portavoz de Más País. En definitiva, el recurso defiende que la resolución aprobada por Bosquet viene a resolver una “laguna” en el reglamento de la Cámara que para estos juristas es inexistente. La Diputación Permanente, como recoge el
Estatuto de Autonomía, sólo puede convocarse durante las vacaciones paralamentarias o en los periodos que van entre una legislatura y la siguiente. La resolución equiparó la situación actual a la de unas vacaciones parlamentarias e incluso habilitó al organismo a convalidar decretos, aunque esta facultad sólo la tiene en periodo entre legislaturas.
Urías, en la presentación de recurso, señaló directamente a Marta Bosquet por apostar que la Cámara andaluza, “en vez de funcionar como Parlamento con todas las garantías, iba a funcionar como Diputación Permanente”, lo que “recorta las posibilidades de la Cámara”. Lo cierto es que, a pesar de ser una propuesta de la presidenta del Parlamento, la decisión se aprobó con el apoyo de todos los grupos, incluido Adelante, aunque la coalición tiene voz, pero no voto, en la Mesa de la Cámara.
Según el jurista, durante un estado de alarma el Parlamento “tiene que funcionar normalmente, ya sea telemática o presencialmente”. Es lo que hará desde el 6 de mayo, después de que los servicios jurídicos hayan avalado el voto telemático “Cuando hay Diputación Permanente no se pueden reunir las comisiones” del Parlamento, de forma que los diputados “especializados”, por ejemplo, en educación o sanidad, “no pueden controlar la acción del Gobierno”, defendió Urías.
Por esos motivos consideran los diputados de Adelante que se ven conculcados sus derechos fundamentales y, por lo tanto, los de los ciudadadanos a los que ellos representan. Esgrimen el artículo 23 de la Constitución, el mismo al que aludió Patricia del Pozo, ahora consejera de Cultura, cuando en la pasada legislatura consideró que la constitución de la Mesa de la Cámara fue contraria a derecho. El Constitucional le dio la razón, pero tardó varios meses en deliberar.
El Alto Tribunal tendrá que decidir antes sobre el decreto de simplificación normativa del Gobierno andlauz, ya que será la semana próxima, el 6 de mayo, cuando se posicione sobre el recurso interpuesto por el Gobierno central por conflicto de competencias en varios artículos de la norma estrella del Ejecutivo de Juanma Moreno.
Los diputados creen que se vulnera su derecho a la participación política