La Junta ‘privatiza’ su asesoramiento legal con un concurso de 10 millones
● Hacienda encargará a despachos profesionales tareas de informe y actuaciones complejas ● El concurso se dividirá en siete lotes, distribuidos en materias como laboral o mercantil, entre otras
La Junta de Andalucía privatizará el asesoramiento legal a las empresas públicas mediante un macroconcurso para los próximos cuatro años que tiene un importe de 10.106.350 euros sin IVA, con lo que la cuantía total superará los 12 millones. Hasta ahora la posibilidad de externalizar los servicios de asesoramiento legal, a pesar de que la Junta cuenta con su propio gabinete jurídico que tiene letrados en las distintas Consejerías, se había realizado en determinados organismos o agencias públicas, pero nunca se había acudido a un macroconcurso de este tipo.
La dirección general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta trabaja ya en el denominado “Acuerdo marco de homologación de servicios integrados para la prestación de apoyo, asistencia y emisión de informes e intervención en aplicaciones complejas en materia legal”, que dará servicio además de la propia Consejería a siete organismos: la Agencia Tributaria de Andalucía, la Agencia
Andaluza de la Energía, la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, Apartahotel Trevenque y a la Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública. En la memoria justificativa de este macroconcurso de asesoramiento, a la que ha tenido acceso este periódico, se detalla que entre los objetivos de la administración andaluza está que los procedimientos “finalicen en un plazo razonable, actuando con el propósito de lograr una mejora continua de la calidad hasta lograr la excelencia”.
Para ello, la Consejería de Hacienda señala la necesidad de “contar con un servicio de asistencia que ayude a una optimización de recursos y que sea útil, tanto para el normal funcionamiento de la Administración, como para lograr una orientación que pueda preceder incluso en caso, de ser preceptivo, al asesoramiento jurídico, todo ello con el propósito de apoyar a los distintos cuerpos que integran la Administración autonómica, con el objeto de que puedan disponer de una información previa, con opiniones y consideraciones a analizar en cada caso”.
Se pretende, prosigue la memoria, “actuar con la mayor celeridad posible, mejorando los plazos de respuesta y tratando de lograr de esta manera, tanto una reducción de los plazos de resolución, como la salvaguarda de los derechos de la Junta de Andalucía cuando no actúa en el ejercicio de una potestad administrativa”.
El macroconcurso para el asesoramiento a la Consejería de Hacienda y a los organismos mencionados se ha distribuido en siete lotes, coincidiendo con cada una de las siguientes materias a asesorar: Derecho mercantil, derecho civil, derecho laboral, derecho urbanístico, derecho público, sectores regulados y materias específicas y colaboración público-privada.
En cuanto a la tipología de los servicios de asesoramiento que deben prestar los bufetes que concursen a cada uno de los lotes –generalmente despachos profesionales con importantes estructuras–, la Junta los distribuye en el mencionado acuerdo marco en tres tipos. Un primero de “Apoyo”, que se refiere a la obtención de “una opinión o el resultado de una gestión de forma prácticamente inmediata o como consecuencia de una necesidad imperiosa”.
Una segunda de “Asistencia”, relativa a que quede “garantizada la asistencia a determinados actos, así como el resultado de una gestión relacionada con la misma”. Y una tercera que prevé la “Emisión de informes o intervención en actuaciones complejas”, que está relacionada con la “obtención de un
análisis exhaustivo de la cuestión planteada para alcanzar una opinión previa, con independencia del asesoramiento facultativo o preceptivo, competencia del gabinete jurídico de la Junta”, incluyendo la “elaboración de todo tipo de documentos”.
Por cada servicio, la memoria establece unos precios, que van desde los 60 euros/hora por la labor de “apoyo”, los 80 euros/hora por la “asistencia” y los 100 euros/ por las tareas de “informe y operación compleja”.
La memoria justificativa del macroconcurso de asesoramiento legal estima, según la información “suministrada por los diferentes órganos de contratación de la Consejería y sus entidades instrumentales”, que las necesidades de asesoramiento serán de unos 1.252 asuntos al año, de los cuales unos 300 consistiría en la labor de materias de “apoyo”.
La inversión estimada en el período 2020-2024 es de 2,5 millones al año, con lo que el total supera esos 10 millones, la mayor cuantía se destina al asesoramiento laboral, con casi dos millones.
Hacienda busca con este asesoramiento ”actuar con la mayor celeridad posible”
También argumenta que pretende “mejorar los plazos de respuesta” de la Administración