Sanidad exige a Andalucía una disposición de 1.275 camas de UCI
● Las comunidades autónomas deben enviar este miércoles sus primeras propuestas sobre las zonas que desean que pasen a la fase 1 de la desescalada el próximo 10 de mayo
El Ministerio de Sanidad exige a las comunidades autónomas una previsión de 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes para acceder a los planes de desescalada, lo que, en el caso andaluz, obligaría al SAS a contar con un plan para disponer en el plazo de cinco días con 1.275 y 1.600 camas. Se trata de un plan de contingencia que Sanidad desea tener por escrito, por si hiciese falta su activación en ese plazo: cinco días para prepararlas.
El Plan 15.000 (por los casos positivos) que había activado el Gobierno andaluz llegaba a estas cantidades. No obstante, en el momento más alto de la curva de ingresos en UCI nunca se sobrepasó los 800 ingresados.
Sanidad ha elaborado la orden con la que se establece la relación que mantendrá con los gobiernos autonómicos para decidir la entrada en cada fase de los territorios, divididos, en principio, en provincias. Todo el país entra hoy en la fase cero, y antes del miércoles a las 14:00, las comunidades deben enviar sus propuestas de desconfinamiento, sean por provincias o por distritos sanitarios, tal como solicita la Junta de Andalucía.
Los dos requisitos indispensables son esas dos camas de UCI por cada 10.000 habitantes y otro plan de 37 y 40 camas para agudos por la misma cantidad. Eso hace unas 32.000 camas de agudos en Andalucía. No se trata de que estén siempre disponibles, sino que se puedan preparar en un plazo de cinco días. Incluye, por tanto, no sólo la de los hospitales, sino la de aquellos centros de campaña que se puedan desplegar. La Junta tiene uno en la ciudad de Málaga, pero nunca llegó a utilizarlo.
El Gobierno andaluz ya activó un plan por si se llegaban a los 15.000 casos de infectados en la comunidad. En ese caso, hubiese dispuesto de 833 camas UCI en hospitales públicos, 244 en privados y otras 300 en recintos de reanimación. Con esa cantidad se llega a la condición del Ministerio de Sanidad.
“Uno de los criterios es que puedan acreditar que en un plazo máximo de cinco días se está en condición de garantizar que hay una capacidad de UCI que se puede poner en marcha en un plazo de 15 días por si hubiera un rebrote”, señaló el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en la rueda de prensa de ayer.
En la misma línea, Illa recomendó que las comunidades autónomas mantengan el número de profesionales sanitarios durante la desescalada y que se refuercen los servicios de atención primaria que, a su juicio, “van a tener un papel clave”.
El resto de criterios no tienen cifras; es decir, la evolución del contagio y la capacidad de detectar y contener nuevos brotes se analizarán de un modo cualitativo, aunque a partir de varios parámetros. Uno de ellos es el de nuevos casos por cada 100.0000 habitantes, que deberá ser menor de 10. De modo general, Andalucía cumple con ese requisito, aunque hay que bajar a la realidad provincial. Los lugares con más problemas son Málaga, Granada y, en menor medida, Sevilla.
Las propuestas que se envíen antes del 6 de mayo deberán tener, al menos, un análisis introductorio sobre la fase en la que en ese momento se encuentra el territorio respecto del que se realiza la propuesta y la fase de desescalada a la que se propone transitar mediante la adopción de las medidas incluidas en la propuesta.
Además, deberá contener una descripción de las medidas de desescalada a adoptar y las fechas tentativas para su entrada en vigor. También con un análisis de las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario, de la situación y evolución epidemiológica esperada en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población.