OXÍGENO PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EL Gobierno de Pedro Sánchez ha rectificado en su actitud hacia las comunidades autónomas, que desde el inicio del estado de alarma venían actuando como delegados gubernamentales de las sucesivas órdenes que venían aprobando los ministerios. Esta deriva no sólo ha sido acometida por Sánchez, muchos presidentes autonómicos también han preferido soltar el lastre de las responsabilidades sobre sus sistemas sanitarios para endosarle al Gobierno central toda la responsabilidad en la pandemia. Antes del 14 de marzo, eran las respectivas consejerías de Sanidad de las autonomías las que tenían la responsabilidad de preparar sus hospitales y a los profesionales sanitarios para la pandemia. Después de eso, Sanidad asumió el mando único y un comité del Gobierno ha dirigido la situación, sin que los gobiernos autonómicos participasen en estas decisiones. Esto ha cambiado. El Ejecutivo central adoptará ahora las decisiones de la desescalada, junto a las comunidades en el seno de comisiones bilaterales con cada uno de los territorios. Serán en estas reuniones donde se decidirá cómo y cuándo se avanza en las distintas fases, pero considerando los informes técnicos. Más allá de los planteamientos ideológicos, la provincia se presenta como un buen criterio para desconfinar, considerando que habrá excepciones. No obstante, éste no es el asunto mollar de la desescalada, sino la capacidad de las consejerías de Sanidad para detectar brotes con anticipación, aislarlos y rastrearlos; esto es lo realmente importante, lo otro no es más que un debate introducido por dirigentes políticos que, además, es ajeno a la ciudadanía. Pedro Sánchez está obligado a compartir más con las comunidades porque la arquitectura constitucional de España es ésa, pero los presidentes deben asumir su parte de responsabilidad, algunos sólo se han dedicado a la queja permanente. El Gobierno también ha aprobado un fondo de 16.000 millones de euros para las autonomías. Es un dinero extraordinario que comenzará a llegar este mes de mayo. Se trata de hacer frente a la factura sanitaria, al gasto social y a las tensiones de tesorería por la caída de los ingresos. El primer bloque se pagará en función del gasto que han realizado las comunidades, por lo que Andalucía no cobrará, exactamente, por su población; sí en los siguientes capítulos, el del gasto social y el de la disminución de los ingresos tributarios propios. El Gobierno deja a las comunidades con un objetivo de déficit en el 0,2%, que en el caso andaluz son 320 millones de euros sobre el Presupuesto inicial de 2020.
Los 16.000 millones de euros del Gobierno para las comunidades autónomas son transferencias extraordinarias