LAUREADO Y CORONADO
ENTRE las muchas cosas que han traído las autonomías –algunas buenas y otras también malas o regulares– siempre ha llamado la atención el afán desmedido de esos gobiernos descentralizados por rodearse de una parafernalia de pequeño Estado con todos sus avíos: banderas, himnos, escudos, logotipos, sedes palaciegas, relatos épicos de su historia fundacional o estrictos jefes de protocolos sin otra misión en la vida que colocar bien a su mandante en todos los actos y circunstancias. Esto da lugar a escenas que, a pesar de las décadas, no dejan de sorprender. Por ejemplo, la de la policía autonómica catalana rindiendo honores ataviada con chistera, alpargatas y capa, y presentando armas con vetustos mosquetones. O el canto cada año del Asturias, patria querida –que en mi infancia era una canción más bien tabernaria– con toda solemnidad en el Teatro Campoamor de Oviedo en presencia de los Reyes. Por no hablar de la letra vigente, pero afortunadamente olvidada que escribió un Agustín García Calvo en estado de iluminación para el himno de la Comunidad de Madrid.
La lista podría hacerse interminable. El último episodio nos ha tocado en Andalucía y no ha venido mal porque ha servido para distraernos un poco de tanta desgracia sanitaria y económica como la que marca nuestro día a día. Se trata de la aparición de un escudo de Andalucía laureado y coronado para uso, parece que exclusivo, del presidente de la Junta. La cuestión, que no deja de ser una anécdota, ha levantado la correspondiente polvareda en las redes sociales –faltaría más– y ha merecido algún sesudo estudio heráldico y vexilológico. No es para tanto. Simplemente, sirva el hecho para subrayar el entusiasmo de cualquier autonomía para dotarse en lo simbólico de todos los elementos que ocurrirse pudieran.
En Estados Unidos, que cuida mucho estos detalles, el escudo del presidente figura en los atriles de todas sus intervenciones públicas. De ahí quizás hayan cogido la idea los que en San Telmo se encargan –y cobran– de estas cosas. Por la magnífica serie El ala oeste de la Casa Blanca nos enteramos –por lo menos, me enteré yo– de que en las comunicaciones del Servicio Secreto el presidente es POTUS (President of the United States). Ojalá aquí no llevemos la imitación hasta ese extremo y nos entremos algún día de que el presidente de la Junta es para la afortunadamente escasa Policía Autonómica PREDEJA o algo así. Suena fatal.
NO soy pesimista por naturaleza sino, quizás ingenuamente, todo lo contrario. Pero es imposible sustraerse a la perturbación que inevitablemente te provocan las noticias que nos frecuentan. Las repaso a primera hora de la mañana a través de distintos periódicos y los sobresaltos en los últimos días, provocan, como mínimo, el ataque de nervios, la congoja, una latente psicosis. Ya me dirán si uno lee “El Gobierno remite a Bruselas el nuevo Plan de Estabilidad con una caída del PIB de entre el 9% y el 9,5%...”. Y a renglón seguido: “El Gobierno prevé que la economía se hundirá un 9,2% y que el paro se disparará al 19% en 2020”. “La economía española se hunde un 5,2% en el primer trimestre, la mayor caída de la historia reciente”. “El Gobierno compra batas a empresas chinas 66 veces más caras que las adquiridas a compañías españolas”. Como poco los guardianes de reducir cuantos argumentos puedan menoscabar el prestigio del Gobierno, me tildarían de catastrofista, derrotista, alarmista, con el consiguiente eco superlativo de sus corifeos mediáticos. Muchos de los sufridos ciudadanos se sienten al borde del abismo.
Un trágico balance pesa sobre nosotros a consecuencia de la tardanza exasperante en tomar medidas eficaces y la abundancia de carencias que han agravado la situación y la gestión hasta extremos inconcebibles. La indecisión, la improvisación, la evidente incompetencia, los retrasos, la falta de claridad y trasparencia pese a tanta comparecencia a veces vacía e insustancial (pura propaganda en tantas ocasiones), la contradicción en los datos, las discutibles valoraciones, la falta de recursos esenciales, la ausencia de un completo y exhaustivo estudio epidemiológico y entre tantas otras insuficiencias la falta de comunicación. En ese sentido el editorial de nuestro periódico del jueves pasado era suficientemente expeditivo: “Entre los errores que está cometiendo el Gobierno en esta pandemia del coronavirus destaca el de la comunicación y el diálogo”. Y es que el autoritario “mando único” no debe excluir para nada el entendimiento entre partidos, comunidades y cuantos puedan aportar soluciones a tan compleja problemática.
Pero en ese mismo estado de consternación nada nos libra de estupores inesperados cuando lees que “El pasado 24 de abril, el Boletín Oficial del Estado hacía público el pago de las subvenciones a los partidos políticos correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio presupuestario de 2020. Una cifra que ascendería a 13.838.794,98 euros y que ya ha sido abonada a las distintas formaciones”. Tal y como recoge la Resolución de la Dirección General de Política Interior del pasado 15 de abril, esas subvenciones están destinadas a “atender los gastos de funcionamiento ordinario” de las entidades. Sabido es que el Congreso recibe una cantidad anual, en concepto de subvenciones, que se distribuye en función de los resultados logrados en las últimas elecciones. ¿Precisamente ahora?
Las autonomías han desarrollado un desmedido afán por dotarse de símbolos de un pequeño Estado
EL agua es esencial en nuestras vidas. Y lo es aún más en estos momentos para combatir la propagación del coronavirus. La actual pandemia pone en evidencia la necesidad de gestionar el agua como un derecho.
En muchos municipios andaluces, detrás del agua de grifo que permite beber, que nos lavemos las manos, pongamos una lavadora o limpiemos nuestra vivienda, están los operadores públicos del agua, que mantienen toda una red de infraestructuras imprescindibles para que el agua de grifo continúe llegando a nuestros hogares con la certeza de que es sana y segura, y pueda ser después devuelta a la naturaleza en las condiciones de calidad necesarias para proteger nuestro medio ambiente. Los operadores públicos están tomando medidas preventivas para evitar contagios y garantizamos al 100% un suministro de agua potable de calidad a toda la población.
La emergencia sanitaria del coronavirus está afectando a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esta crisis pone en evidencia más que nunca la importancia de los valores colectivos de nuestros operadores públicos de agua: la solidaridad, la cohesión y la cooperación. La crisis está provocando un hundimiento económico sin precedentes, lo que exige de nosotros respuestas inéditas. Por eso, la mayoría de los operadores públicos decidimos, mucho antes que el gobierno central lo estableciera, suspender, con carácter inmediato, cualquier procedimiento de corte del suministro a nuestros usuarios. Además, los operadores públicos de Andalucía como Sevilla y su área metropolitana (Emasesa), Córdoba (Emacsa), Cádiz (Aguas de Cádiz), Giahsa (provincia de
Huelva) o Emproacsa (provincia de Córdoba) han asignado fondos para paliar las dificultades económicas de familias, autónomos y pymes. Fondos que son una contribución significativa de los operadores en la recuperación económica y social de sus municipios.
Los operadores públicos somos un instrumento claro para rescatar a las personas, pero en breve necesitaremos financiación para poder afrontar con garantías la intensa crisis económica que se otea. La reducción del consumo de agua (entre un 6% y 15%) fundamentalmente por el desplome de la industria y el turismo y el aumento exponencial de la población en situación de vulnerabilidad puede generar problemas transitorios de tesorería y, en un horizonte no muy lejano, problemas serios que irán solucionándose a medida que nuestros pueblos y ciudades se recuperen.
Ante la bajada en la facturación la solución fácil sería incrementar las tarifas, pero supondría un saqueo en las maltrechas economías familiares. Urge, más bien, facilitar el crédito a los operadores públicos, para eso es necesario que el Estado nos avale los préstamos. Al mismo tiempo hay que reformar en profundidad la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, reestableciendo una justa competencia entre público y privado.
O se cambia el marco institucional o directamente haremos realidad la “doctrina del shock” y las multinacionales del agua utilizarán la crisis para aumentar aún más su riqueza y eliminar a los sectores públicos.
Pedimos la supresión de los mecanismos especulativos que existen en el sector del agua, tal como el canon concesional. En un contexto en el que los ayuntamientos necesitan dinero para dar auxilio a las personas y/o al entramado empresarial local, etc., el canon, o sea el dinero que el operador privado adelanta a la Alcaldía a cambio de la concesión, permite enjuagar las cuentas y paliar a corto plazo su penuria financiera, pero encarece la tarifa del agua, las infraestructuras se deterioran y el Ayuntamiento pierde el control efectivo sobre el servicio más importante para la salud pública del que son responsable: el agua.
Para evitar esta pérdida de los bienes comunes, los gobiernos, tanto la Junta de Andalucía como de España, deberían adoptar reformas radicales, revirtiendo la dirección política que ha prevalecido en las últimas cuatro décadas. Hasta el propio diario Financial Times, en su editorial del 3 de abril, insta a frenar a la especulación, defender abiertamente los valores de lo público y aceptar un papel más activo del Estado en la economía. Reforzar lo público es la única garantía frente a las crisis. De los Gobiernos, uno espera resguardo y sentido común. Abran sus brazos.
EN el BOE del pasado sábado 2 de mayo, se publicaba una modificación de la Ley del Régimen Local, con objeto de elaborar unas instrucciones más precisas para el empadronamiento. Sabido es que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio donde reside habitualmente. Formulada la solicitud, si en el plazo de tres meses no hay respuesta en contrario, es admitida y además implica la baja automática de la inscripción anterior en otro municipio o registro, si existiere.
El censo es una preocupación de los gobernantes desde tiempos remotos. El más conocido, al menos por los cristianos, es el que hizo Publio Sulpicio Quirino, miembro del Senado romano y cónsul, cuando fue gobernador de Siria, a la que Judea estaba anexionada. César Augusto quería hacer un censo de todo el mundo habitado, fundamentalmente a efectos impositivos, que suele ser la primordial preocupación de los gobernantes.
Volviendo a la actualidad, el Ministerio de la Presidencia, que dirige Carmen Calvo,
De los cambios en la manera de gestionar el padrón municipal han surgido interpretaciones maliciosas
ha dictado una resolución por la que se dictan instrucciones a los Ayuntamientos sobre la manera de gestionar el padrón municipal. La disposición en sus dos primeros apartados no innova ni cambia nada. Dice lo que todos sabemos: que el padrón es la prueba de la residencia en el municipio y del domicilio. Lo que llama la atención es el apartado tercero que se refiere a casos especiales de empadronamiento, como son, por ejemplo, los que señalan un domicilio en el que ya constan empadronados otras personas o cuando el empadronamiento se produce en un establecimiento colectivo, por ejemplo: residencias, conventos, etc. Pero lo más llamativo viene luego y se refiere a los empadronamientos en “chabolas, caravanas, cuevas, incluso espacios sin techo”. Dice la disposición que “deben y pueden figurar como domicilios válidos”, bastando con que su existencia sea conocida por los servicios sociales, y que estos informen sobre la habitualidad de la residencia y se comprometan a hacerles llegar las notificaciones de las administraciones, aunque no a garantizar que estas les llegará. Parece sorprendente una disposición tan permisiva y tan poco fiable. De ahí, que surjan maliciosas interpretaciones como las de que se pretende imitar a Maduro en Venezuela, que con estos fantasmales inscritos ganó elecciones o si, simplemente, se cumplen los deseos del vicepresidente Iglesias, que quiere contar con un censo para el pago de la renta básica universal, ingreso mínimo vital, que comienza pronto.