Pensiones y salarios públicos dispararon el déficit en 2019
El Banco de España atribuye a estos dos factores el primer incremento del saldo negativo de las administraciones desde 2009
El Banco de España ha elaborado un informe sobre la evolución de la economía española en 2019, en el que destaca que el nivel de déficit público, que cerró el pasado año en el 2,8% del PIB, supuso un empeoramiento respecto al año anterior por primera vez en una década, debido, principalmente, al aumento de las pensiones y del salario de los funcionarios.
El déficit del conjunto de las administraciones públicas aumentó en 2019 hasta el 2,8% del PIB, el primer aumento desde el año 2009, un empeoramiento que atribuye a las prestaciones sociales, que crecieron un 6,3% por el aumento de las deducciones familiares y las prestaciones de desempleo, y a la revalorización de las pensiones con el IPC, así como de la remuneración de asalariados, que se incrementó un 5,3%, como consecuencia del aumento salarial acordado con los sindicatos para los trabajadores del sector público.
Todo ello provocó, indica el Banco de España, una aceleración del crecimiento del gasto público primario (sin atípicos) hasta el 5%, la tasa más elevada desde 2009, y muy por encima del crecimiento nominal de la economía.
El aumento del déficit estructural en 2019 ref leja, según el organismo supervisor, el “carácter expansivo” de la política fiscal en 2019. De acuerdo con sus estimaciones, el nivel de déficit estructural se habría deteriorado en este ejercicio en un punto del PIB, hasta situarse en un nivel cercano al 3% del PIB.
En 2019, afirma, se habrían compensado las “modestas mejoras” acumuladas en los años anteriores, volviéndose a un nivel similar de déficit estructural al estimado para 2015-2016. “Ello es indicativo de que la reducción observada en el déficit público durante la última fase de recuperación se habría debido fundamentalmente al efecto del ciclo económico y a la disminución de la carga de intereses”, advierte el Banco de España.
La entidad apunta que la Comisión Europea requería de España una reducción de su déficit público estructural de 0,65 puntos porcentuales del PIB en 2019 y un crecimiento anual del gasto de las administraciones públicas inferior al 0,9%. “Los datos de cierre de 2019 muestran que se habrían incumplido ambos requerimientos”, subraya.
No obstante, recuerda que tras el inicio de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, la Comisión ha decidido congelar temporalmente el marco de reglas que conforman el Pacto de Estabilidad y no exigir su cumplimiento hasta que la economía se recupere de los efectos de la pandemia.