RIESGOS DE UN VIRUS ORIENTAL
tigación y proveedores de atención médica ya utilizan datos personales. Si las tecnologías de rastreo son eficaces en la investigación sanitaria —mitigando conductas de riesgo, previniendo enfermedades, siguiendo pacientes en tratamiento o en monitorización epidemiológica—, también lo son para la vigilancia omnímoda. Los ciudadanos no deberían ignorar que la recogida masiva de datos contiene la semilla que convierte sutilmente la vigilancia de problemas sanitarios en vigilancia de personas. Nada indica que las democracias liberales estén inmunizadas contra la capacidad de sus Estados para custodiar información sensible sobre estilos de vida o elecciones personales y sociales.
La buena noticia es que las grandes crisis sociales han condicionado también formas positivas de reconstrucción del bien común y de derechos fundamentales. La ayuda que las mujeres ofrecieron durante la Gran Guerra llevó a que estas extendieran su derecho de sufragio. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa repensó sus sistemas sanitarios y vivió una edad de oro con la aparición masiva de antibióticos, vacunas, innovaciones en cirugía y en anestesia o con la cobertura sanitaria universal. Hoy el sistema atraviesa una edad de expectativas incumplidas y poco realista, demostrando escasa solidez o, más bien, ofreciendo sensación de burbuja durante esta crisis. No obstante, sabemos que los sistemas sanitarios representan menor peso en la promoción de la salud que la educación, la higiene, los hábitos dietéticos o la vivienda. Así, si el debate de la reconstrucción eludiera derechos fundamentales erraría el tiro al blanco de las garantías sanitarias. Bajo el sintagma “nueva normalidad”, las formas de producir, circular o gobernar que se propongan no deberían cercenar derechos y libertades elementales. Si se adoptan políticas sanitarias de monitorización ciudadana estas deberán ser proporcionales a las necesidades de salud pública, transparentes, y reguladas por organismos independientes con capacidad de garantizar el consejo ético y el respeto a esos derechos fundamentales. Y por cierto, si menos de trescientas mil muertes por Covid-19 han elevado la salud a rango de problema político mundial, ¿no cabría esperar la misma resolución contra los cinco millones de niños que cada año mueren por desnutrición?
En países orientales como China o Singapur se han legalizado tecnologías de rastreo para vigilar personas so pretexto de predecir comportamientos de riesgo del Covid-19