A vueltas con la educación especial
Alumnos con discapacidad intelectual intensifican su campaña acusando al Gobierno de querer cerrar sus centros aprovechando el estado de alarma
Numerosos mensajes y vídeos difundidos a través de Whatsapp y redes sociales aseguran que el Gobierno aprovecha el estado de alarma por el coronavirus para avanzar hacia el cierre de los centros de educación especial, una opinión que comparten algunos colectivos del sector y niega el Gobierno.
En los últimos días han proliferados en las redes y en plataformas de mensajería como Whatsapp llamamientos de ciudadanos y diversos colectivos contra lo que consideran supuestos planes del Ejecutivo para cerrar los centros de educación especial. Destacan entre ellos vídeos donde alumnos con discapacidad intelectual piden que no cierren su colegio y enlaces con webs para participar en recogidas de firmas.
Muchos de los mensajes incluyen vínculos con un comunicado de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, formada por personas con discapacidad intelectual, familiares y docentes, que afirma que “los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno han decidido, en pleno estado de alarma, reactivar la tramitación (...) de una Ley de Educación que promueve la eliminación de los Centros de Educación Especial”.
El Ejecutivo estaría reactivando esa tramitación “a espaldas de la sociedad y con su capacidad de reacción anulada por la pandemia”, según esta plataforma, que acusa al PSOE y Unidas Podemos de “aprovechar” para ello la actual “situación excepcional, dramática para miles de personas”, en la que la mayoría de la sociedad “desconoce lo que está pasando y no puede manifestarse democráticamente”.
¿En qué se basan los colectivos como esta plataforma para advertir contra el riesgo de cierre de esos centros educativos? Pues, concretamente, en la disposición adicional cuarta del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LOE (Lomloe), más conocida como ley Celaá.
En este apartado, el proyecto de ley dispone que “el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
El Ministerio de Educación lleva negando que pretenda cerrar los centros de educación especial desde marzo de 2019. En aquella ocasión lo hizo la ministra, Isabel Celaá, en una carta de respuesta a la asociación Plena Inclusión.
En su misiva, Celaá subrayaba que el ministerio apoyaba a los centros de educación especial para que pudieran “desempeñar su labor” y siguieran avanzando “en el asesoramiento de los centros ordinarios en esta tarea”, al tiempo que trabajaba “para mejorar los recursos materiales y personales de los centros ordinarios”.