Sanidad estudia si impone el uso obligatorio de las mascarillas
Illa buscará hoy el “máximo consenso posible” con las comunidades autónomas sobre la petición de PP, Ciudadanos y Vox Consumo desaconseja el uso de las FFP2 en la población general
El Ministerio de Sanidad estudiará hoy con las comunidades autónomas el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos, una decisión que “no es sencilla” y que el ministro Salvador Illa quiere que sea “lo más consensuada posible”.
Lo avanzó ayer Illa en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que varios grupos, como PP, Ciudadanos o Vox, le reclamaron que haga obligatorio el uso de este material de protección, que, en palabras del ministro, nos recuerda que “no estamos como antes”.
“Lo estamos discutiendo y vamos a ver si podemos tomar una decisión lo mas consensuada posible”, recalcó Illa, que reconoció que el pasado lunes ya pidió su opinión a los consejeros de Sanidad sobre si consideraban en esta etapa de la desescalada “ir un poco más allá” en el uso de las mascarillas. “Hay argumentos a favor y en contra, y nosotros nunca nos hemos negado”, dijo.
Será en el Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne hoy, donde el Ministerio y las comunidades evalúen si deben ser o no obligatorias; hasta ahora sólo lo son en el transporte público, “altamente recomendables” –incidió– en la vía pública y necesarias cuando no se puede guardar la distancia de dos metros.
No obstante, Illa volvió a insistir en que hay gente que no puede llevarlas. “No es tan sencillo: hay una serie de consideraciones técnicas que hay que tomar en consideración”, señaló.
Al uso de las mascarillas aludieron ayer algunos representantes autonómicos, como el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, que apostó por haberlas obligatorias y consideró que, si el Gobierno central no lo decide así, es porque “son incapaces de garantizar el suministro en todo el país”.
Cataluña también va a pedir al Gobierno su uso obligatorio en los espacios públicos, mientras que Castilla y León es de la idea de que “el problema” radica tanto en el abastecimiento como en el uso en función del modelo.
El Ministerio de Consumo también se ha pronunciado sobre las mascarillas, pero en su caso para desaconsejar el uso de las tipo FFP2 (de este modelo, la Comunidad de Madrid ha distribuido gratuitamente en las farmacias) en la población general, porque sólo están recomendadas para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables bajo prescripción médica.
Para la población general, el departamento que dirige Alberto Garzón sugiere el uso de las mascarillas higiénicas en el caso de las personas sanas y sin contacto con la Covid-19 y de las quirúrgicas para las personas que hayan resultado contagiadas, tengan síntomas o sean positivas asintomáticas.
Illa no dejó de insistir durante su comparecencia de ayer en la necesidad de que los ciudadanos sigan extremando, y que lo hagan “más que nunca”, la responsabilidad y que no bajen la guardia, porque el virus puede sobrevivir fuera de los organismos humanos durante un cierto tiempo y se desconocen aún muchos aspectos científicos del mismo.
Además, ya avanzó que en España no se va a producir la inmunidad de grupo frente al coronavirus, tal y como muestran los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia hechos públicos el miércoles, que indican que
la prevalencia de anticuerpos frente al virus se da solo en el 5% de la población.
El resto de resultados que se vayan conociendo del estudio “no van a cambiar mucho la foto”, agregó Illa, algo que, según comentó, ya dijeron los expertos, que auguraban que la inmunidad de grupo no iba a superar a la generada con la gripe, que oscila entre el 10 y el 15%.
Por otra parte, Salvador Illa también quiso dejar ayer claro que el progreso de los territorios de fase en la desescalada no supone, “en ningún caso, una evaluación de la gestión sanitaria” que han hecho las comunidades autónomas de la pandemia.
De esta forma, afirmó que, aunque se haya trabajado muy bien, hay circunstancias y criterios que desde el punto de vista sanitario se deben tener en cuenta para evolucionar en la desescalada, como son los datos epidemiológicos, la movilidad o la pre
Illa desvincula el salto de unas fases a otras de la calidad de la gestión sanitaria
paración de las capacidades sanitarias.
Precisamente, el ministro mantuvo ayer reuniones bilaterales, para tratar el pase de fase, con los consejeros de Sanidad de las comunidades de Canarias, CastillaLa Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña.
En su intervención en la Comisión de Sanidad, también defendió la “drástica” decisión del Ejecutivo de obligar a mantener una cuarentena de 14 días a todas las personas procedentes del extranjero, porque estimó que favorece el control de la epidemia.
El ministro reiteró que el estado de alarma es “una necesidad”, defendió una vez más la cogobernanza con las autonomías en la desescalada y de nuevo se mostró abierto a estudiar las propuestas de los grupos, como algunas del PP, en cuanto a la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública, entre otras.